Alejandro Rubín de Celis
En el marco de la consulta pública para la elaboración del decreto de Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal en la Sierra de San Miguelito (SSM) se llevaron a cabo un par de reuniones informativas que para muchos pasaron inadvertidas ─y más porque no merecieron cobertura de medios a pesar de que fueron ampliamente anunciadas en redes sociales─ pero en las que activistas medioambientales advirtieron que en el Estudio Previo Justificativo (EPJ) realizado por la UNAM campus Morelia, se dejó fuera de la poligonal la ansiada zona pretendida por desarrolladores inmobiliarios para concretar su proyecto más ambicioso: Las Cañadas.
Las sesiones informativas virtuales tuvieron lugar los días 16 y 17 de de febrero y fueron organizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) como parte de la consulta a la que convocó la Semarnat. El espacio sirvió para informar sobre particularidades de EPJ, pero también para hacer reclamos y ofrecer resultados de una investigación que advierte que hay un patrón que demuestra que, a cada aprobación de planes y programas de desarrollo territorial y urbano le sigue la autorización oficial para construir en zonas que no deben ser urbanizables.
En esas reuniones, los activistas Carlos Covarrubias y Juan Carlos Ruiz Guadalajara revelaron que en un encuentro celebrado el jueves 11 de febrero con grupos ambientalistas, el geógrafo Gerardo Hernández Cendejas, quien participó en el Estudio, les dijo que además de criterios técnicos y científicos, y en un afán por tomar en cuenta a las distintas partes involucradas, se habían hecho acuerdos incluso con el sector empresarial. “Mi pregunta en concreto es, ¿cuáles fueron las negociaciones que se realizaron con el sector inmobiliario para dejar libre esa parte baja de la Sierra de San Miguelito para los proyectos, concretamente para el proyecto Cañadas?, ¿quién las encabezó?, ¿cuál fue el papel de Gerardo (Hernández) Cendejas?, ¿cuál fue el papel de los otros geógrafos en esas negociaciones?, planteó Ruiz Guadalajara.
El investigador del Colegio de San Luis dijo también que en el Estudio Previo Justificativo no encontró un análisis de las escorrentías de la parte baja de la Sierra y delineó cómo su ausencia afecta a la ciudad de San Luis Potosí. “En 2017 tuvimos dos inundaciones muy agresivas; cada tres años tenemos inundaciones muy agresivas producto de estas modificaciones que se hacen a ese pie de monte por efecto de la urbanización. Nos está afectando directamente. Que me expliquen dónde están esos estudios que hicieron para considerar excluir esa zona”, exigió el activista.
Jonathan Quintero García, quien realizó una investigación dentro del programa de Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis sobre el espacio degradado por inundaciones en el valle de San Luis Potosí a causa de las urbanizaciones en la SSM, cuestionó si realmente los programas municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano son fiables o no para dar un estatus de protección a la Sierra.
“Me refiero a los planes de desarrollo y planeación urbana porque existe un patrón muy notable que siempre que aparece un plan de estos existen detonaciones urbanas en zonas donde no deberían de ser, incluso (soportadas) con estudios científicos. Pero ahora resulta que existen estudios posteriores que decían que donde se urbanizó no debió haberse urbanizado. Entonces, ¿hay alguna evaluación respecto a estos planes de desarrollo, externos a las propias instituciones? Es necesario que a nivel federal sean evaluados esos instrumentos y no tomados como una posición verídica de la situación porque este es un patrón recurrente en todos y cada uno de estos instrumentos que han aparecido”, dijo el investigador.
Los biólogos Lilián Torija Lazcano y César Sánchez Ibarra, que fueron los representantes de la Conanp que atendieron las inquietudes de los participantes, se mostraron cautelosos en sus respuestas. Pidieron a quienes presentaron inconformidades o hicieron propuestas que las enviaran al correo electrónico que se creó para la consulta y que todo lo que mandaran debía estar fundado y motivado para que pudiera ser tomado en cuenta. Sánchez Ibarra comentó que las mesas de trabajo a las que convocó el Ayuntamiento de San Luis Potosí, y en las que participan los tres niveles de gobierno, seguramente contribuirán a enriquecer lo que finalmente será la declaratoria de ANP.
La consulta pública dio inicio el 30 de enero y concluyó el 28 de febrero y ahora tendrán que venir respuestas claras y convincentes de parte de las autoridades a todas las personas que presentaron propuestas e inquietudes y que, según los grupos ambientalistas, suman algunos miles. Eso se sabrá con mayor certeza en fecha próxima.
Desde hace al menos tres años ─luego de que el gobernador Juan Manuel Carreras retomó el tema de declarar un ANP estatal que derivó en septiembre de 2018 en la protección de únicamente 12 mil 613 hectáreas, de 63 mil 783 que se tenían consideradas─ se sabe que los desarrolladores inmobiliarios han enviado negociadores a distintas dependencias de los tres niveles de gobierno para convencer a las autoridades de que la zona de la Cañada del Lobo ─en una extensión de 478 hectáreas─, debe quedar fuera de la poligonal del ANP. Así lo hicieron también con los propios investigadores que realizaron el EPJ, la muestra está en la respuesta que dio el geógrafo Gerardo Hernández a representantes de grupos ambientalistas.
Para ello se han valido, entre otros cómplices, de representantes de organizaciones que se dicen ambientalistas como Grupo Sierra de San Miguelito A.C., encabezada por Edgardo de los Santos, y Cambio de Ruta A.C., cuyo vocero es el abogado Luis González Lozano.
No se vale que, con el argumento de escuchar a todos los involucrados, se haya negociado con empresarios o sus representantes, a espaldas de la sociedad, para que quede fuera de la poligonal la zona de la Cañada del Lobo.
Las autoridades federales, que ahora están a cargo de hacer la declaratoria de ANP, deben tener extremo cuidado con los argumentos, explicaciones y documentos que les presenten los cabilderos enviados por los desarrolladores, ellos están para defender un gran negocio que beneficiará a muy pocos, mientras que el daño que causaría a la SSM en cuanto a los servicios ambientales que presta a cuatro municipios de la zona centro del estado y sus habitantes, sería mayúsculo, además de que se afectaría un patrimonio histórico y cultural que es de todos.
Aún están a tiempo. No se dejen engañar como lo hicieron con los investigadores de la UNAM, ni por los cabilderos empresariales ni por las autoridades municipales ─que también están del lado de los desarrolladores─ en las ya famosas mesas de trabajo.
