Eduardo Delgado
El Pleno del Poder Judicial del Estado eligió esta mañana como magistrada presidenta a Olga Regina García López por un periodo de dos años, pero su encargo culmina en octubre de este año. Para seguir en el cargo, el gobernador deberá evaluarla y proponer su ratificación al Congreso del Estado, donde a su vez deberá ser avalada para poder seguir hasta el 2029.
A efecto de remplazar a una decena integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 1 de septiembre de 2014 el exgobernador Fernando Toranzo Fernández propuso a la entonces LX Legislatura 10 ternas para remplazar a una decena de magistradas y magistrados, de entre las cuales Olga Regina fue electa para el periodo comprendido del 15 de octubre de ese año al 14 de octubre de 2020.
Esta mañana, por mayoría, con ocho votos a favor, Olga Regina resultó electa por dos años, lo que implica que magistradas y magistrados se anticiparon a dos cosas: que será propuesta por el gobernador, Juan Manuel Carreras López, y ratificada por la LXII Legislatura.
Así, las y los integrantes del Poder Judicial del Estado se excedieron al elegirla presidenta hasta enero de 2022, pues su encargo como magistrada concluye en octubre de este año, previo a lo cual tendría que ser ratificada.
Igual habría resultado en el caso de la elección de Rebeca Anastacia Medina García, quien obtuvo siete votos, pues su nombramiento también fenece en octubre de este año.
La Constitución local, en su artículo 96, señala que el Tribunal de Justicia del Estado se integra de 16 magistrados numerarios y 15 supernumerarios, y que para su elección el gobernador propondrá el triple de personas respecto del número de cargos a cubrir.
De entre los propuestos el Congreso hará la elección respectiva en el término de 30 días y, si vencido ese plazo no se hubiera hecho la elección, el mandatario procederá a hacer el nombramiento de entre las propuestas.
El artículo 97 de la carta magna del Estado precisa que los magistrados numerarios “duraran en su encargo seis años”, con la posibilidad de ser ratificados por otro periodo de nueve años.
“Para los efectos de la ratificación, el Consejo de la Judicatura integrará la documentación y rendirá un informe con los elementos que permitan al Ejecutivo evaluar el desempeño de los magistrados, para que el Congreso resuelva, en su caso, sobre la propuesta de ratificación.
“Para ser ratificado se requerirá el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso. En caso contrario se declarará la vacante, debiendo procederse en consecuencia”, completa la Constitución en el mismo artículo.
