Por: Victoriano Martínez.
…Y el nuevo integrante de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública finalmente fue incorporado al directorio de comisionados en el portal Web de ese organismo, aunque con un dato impreciso: se le identifica como “Comisionado Presidente / 2016 – 2020”, cuando el periodo legal de ese cargo es de dos años.
Pudiera parecer una situación irrelevante, pero ante la moda de los errores de estilo y simples problemas de percepción, resulta preocupante que los responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública tengan poco cuidado en un dato que contradice lo que establece el artículo 28 de la Ley de Transparencia estatal.
Difícilmente el dato pudo haber sido publicado sin la aprobación de los comisionados, o cuando menos debieron percatarse de la imprecisión al consultar el contenido de su sitio Web. En caso de no estar enterados de la imprecisión, resultaría peor, pues como responsables de la CEGAIP sería lamentable que desconocieran lo que difunden.
La aparición de la información del comisionado Alejandro Lafuente Torres sustituye en la presidencia a Yolanda Camacho Zapata, quien baja a la posición de simple comisionada junto con Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo, en un apartado denominado “Comisionados y Pleno” en el que se presente una síntesis curricular de los funcionarios.
Como si se tratara de demostrar que está por encima de sus pares comisionados, los antecedentes académicos y laborales de Lafuente Torres superan en extensión los de las comisionadas. Lafuente Torres resume su currículo en mil 2 palabras, contra 559 de la síntesis curricular de Camacho Zapata y 342 palabras de Ávalos Cedillo.
En el resumen curricular de Lafuente Torres destaca la insistente aclaración de que en los cargos que ocupó sobresalía el tema de transparencia con expresiones como “entre sus funciones estuvieron el atender y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información”, o “dentro de sus funciones se encontraban las de dar atención a recursos de revisión”.
“Durante más de 7 años en su desarrollo laboral, ha estado inmerso en la función de salvaguardar los derechos de acceso a la información pública y de protección de los datos personales en posesión del poder público”, es el párrafo que da paso al recuento de los cargos ocupados por Lafuente Torres.
En los tres casos, se trata de síntesis curriculares a modo, que explican por qué a la fecha los comisionados no han cumplido con el artículo 84 fracción XVII, que ordena la publicación de sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, por los datos que omiten.
Así, por ejemplo, en el caso de Lafuente Torres no menciona en su síntesis curricular el grado de convicción de su militancia en el Partido Revolucionario Institucional, que lo llevó incluso a promover un juicio para que se le reconociera como tal.
En el caso de la difusión de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal que ordena la Ley de Transparencia, a la fecha sólo las comisionadas se encuentran en incumplimiento dado que la ley da 15 días para publicarlas luego de presentarlas ante la instancia correspondiente. Ambas presentaron sus declaraciones el pasado 31 de mayo.
En el caso de Lafuente Torres, al haber asumido el cargo el pasado 1 de julio, el plazo para que presente su declaración patrimonial vence el próximo lunes 29, y 15 días después tendrá que difundirlas conforma a lo que ordena la Ley de Transparencia.
