Abelardo Medellín
En los últimos días, el Gobierno del Estado se ha dedicado a presumir la “Consulta pública a personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que los representan” como un logro de la administración, pese a que fueron obligados a reponer este ejercicio y no tenían intenciones de realizarlo.
El pasado jueves 11 de julio, la administración estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, emitió un boletín titulado “Consulta a personas con discapacidad en SLP destaca a nivel nacional”, en el cual afirma que el ejercicio consultivo repuesto por el Gobierno es único en el país, dado que se consideraron por primera vez la totalidad de los parámetros del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para crear acciones específicas en un Plan Estatal de Desarrollo (PED).
Lo que no se menciona en ninguna parte del boletín es que la consulta recién concluida fue un ejercicio para resarcir la anterior, que por vía del amparo se le obligó a rehacer.
Hace más de un año, en junio de 2023, la activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas, y otros grupos agraviados, solicitaron a la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) la elaboración de una acción de inconstitucionalidad contra dos decretos de reforma publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Torres Cuevas comentó entonces que las reformas publicadas incumplían con los parámetros mínimos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la consulta que se realizó para elaborar estas modificaciones no se llevó a cabo de manera rígida y especializada.
Como resultado de esta inconformidad ciudadana, el Primer Tribunal Colegiado de Distrito otorgó la protección federal a los ciudadanos que promovieron un juicio de amparo contra la consulta a personas con discapacidad realizada como parte del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
De acuerdo con la resolución, la consulta realizada por el Congreso del Estado y que sustentó el PED promovido por el Ejecutivo, fue un ejercicio simulado.
Luego de que se resolviera otorgar la protección a los agraviados, el Gobierno informó que pelearía el amparo para no tener que reponer la consulta que habían simulado, a tal grado que cuando se le preguntó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona si la administración podría reponer la consulta, este respondió que “eso no va a pasar”.
Para enero de 2024, y luego de que el Tribunal resolviera de forma definitiva el juicio de amparo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito emitió un requerimiento por el cual conminó al gobernador, al Poder Legislativo y a la Secretaría de Finanzas, a cumplir con la resolución del amparo 722/2022 y, en consecuencia, reponer la consulta.
Según este requerimiento, el Gobierno de San Luis Potosí también debía emitir “una nueva convocatoria dirigida a las personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que los representan, en la que se establezcan las reglas, plazos razonables y procedimientos para participar, con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y claro, el cual deberá ser comunicado de manera amplia, accesible y por distintos medios”.
Más de un mes después, a finales de febrero de 2024, el Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (Coplade) celebró una sesión extraordinaria en la que se aprobó la nueva “Convocatoria dirigida a las personas con discapacidad, niñas y niños con discapacidad y organizaciones que los representan”, a través de la cual se realizó la consulta correspondiente para cumplir con la reposición.
Tras la aprobación de la nueva convocatoria, Catalina Torres, principal promotora de este juicio de amparo que logró reponer la consulta, declaró lo siguiente:
“La consulta no es un fin, es un medio, un medio para ir alcanzado las políticas públicas que necesitan las personas con discapacidad para tener una inclusión real en la sociedad”.
A más de un año del inicio del proceso que repuso esta consulta, el Gobierno presume ahora un ejercicio en el que se recabaron mil 450 opiniones y necesidades de 2 mil 261 personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, psicosocial y múltiples.
Según afirma Finanzas, en este nuevo ejercicio de consulta la convocatoria oficial fue difundida en formato impreso, sitios web de los municipios y del estado, redes sociales y en radio, en lengua náhuatl, tének y xi’úi, además de los Sistemas DIF municipal, las Unidades Básicas de Rehabilitación y enlaces municipales y estatales, que convocaron a las asociaciones y personas con discapacidad.
Este martes 16 de julio, el Subcomité Especial entregó los resultados de la consulta al Congreso del Estado para ser analizada por las comisiones de Hacienda y de Desarrollo Económico y Social, para ser revisada y, posteriormente, integradas dentro del PED 2021-2027.
Prácticamente, la omisión de no consultar a las personas con discapacidad en el momento adecuado provocó que los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo carecieran de opiniones precisas y ciertas de ciudadanos potosinos en esta condición durante la mitad del sexenio de Gallardo Cardona.
