Por Victoriano Martínez
El 22 de noviembre, durante la presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos y de Ley del Presupuesto de Egresos para 2020, todo era optimismo: se estimó un aumento del 6.5 por ciento con relación al presupuesto aprobado para 2019.
De ese tamaño fue la expectativa que ellos mismos se hicieron y, de paso, quisieron presumir a los cuatro vientos.
Se trató del primer presupuesto de egresos en al menos los últimos seis años que previó contar con más recursos que los ejercidos efectivamente en el año anterior. Hasta antes del presupuesto para 2020, en todos los casos se programaba un poco más que lo aprobado para el año anterior, pero también menos que lo ejercido el año previo.
El viernes todo era optimismo, que para la comparación de un año a otro se recurrió a lo aprobado para 2019 contra lo propuesto para 2020. La diferencia no eran 900 millones de pesos, eran 3 mil 127 millones 183 pesos.
De ese tamaño fue la optimista expectativa que se hicieron. De ese tamaño hoy son las expresiones de una injustificada desilusión.
Ricardo Villarreal Loo, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, dramatiza. Anuncia que el campo principalmente, la salud, la seguridad pública y la educación serán los sectores que resultarán castigados.
Quitarles lo que aún no tenían resulta un castigo ficticio proyectado por un perverso juego de cifras en el que o resultan enemigos de Pitágoras o tratan de engañar a la ciudadanía.
La reducción sobre la expectativa que anunciaron el viernes fue de un presupuesto calculado en 50 mil 979 millones 700 mil pesos a uno que quedará en 50 mil 154 millones 700 mil pesos, es decir, 65 millones 19 mil pesos más que lo que se contempla ejercer al cierre de este año.
Ya no aumentará el presupuesto en el 1.78 por ciento que previeron, pero aun así se contará con un presupuesto superior en un 0.13 por ciento con relación al que se va a ejercer este año.
¿Por qué tendrían que castigar al campo, a la salud, a la educación y a la seguridad pública si se contará con un presupuesto hasta un poquito mayor que el de este año?
En esas circunstancias, castigar a un sector necesariamente sería para beneficiar a otro. ¿Qué otros sectores resultan con mayor prioridad para jalar la cobija hacia allá en perjuicio de áreas tan sensibles?
La clave puede estar en el mil. Sí, en el Capitulo 1000, Servicios Personales, que para quienes definen el presupuesto seguramente es el de mayor prioridad. Tanto, que al señalar el monto para los distintos entes a quienes se les asigna presupuesto se incluye la expresión “incluidas las previsiones por incrementos salariales”.
El optimismo del viernes debe convertirse, no en un drama para iniciar la semana, sino en honrar la necesaria transparencia sobre los ajustes que harán al restar los 850 millones de pesos que ilusionados incluyeron en su iniciativa.
De entrada, están obligados a dejar muy claro que si se castiga a sectores prioritarios no es para favorecer sus “previsiones por incrementos salariales” y otras muchas ventajas personales y grupales de las que suelen echar mano… sino porque el beneficio común resulta superior.
