Por Victoriano Martínez
Hoy es la fecha límite para que las dependencias gubernamentales entreguen sus proyectos de presupuesto con Programa Operativo Anual (POA) incluido a la Secretaría de Finanzas, para que a su vez elabore la iniciativa de Ley del presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 que deberá ser presentada al Congreso del Estado el próximo 20 de noviembre.
De todos los organismos destacan tres autónomos por las condiciones específicas en las que se da la definición de la aplicación que le darán a los recursos públicos durante el próximo año.
UNO. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) vuelve a exhibirse como un caso totalmente perdido: a pesar de ser el organismo encargado de garantizar el acceso a la información pública, se limitó a un tuit para dar a conocer que en Sesión Extraordinaria aprobaron por unanimidad el proyecto de presupuesto 2023.
¿De cuánto es? ¿A qué lo aplicarán? ¿De qué manera se favorecerá con esos recursos públicos la transparencia y el derecho de acceso a la información pública? Son dudas que el órgano garante de la transparencia mantiene en la opacidad. Y aún así se atreven a poner en su tuit la etiqueta #MerecesSaber.
DOS. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) informó en un comunicado que para 2023 pretende ejercer un presupuesto por 435 millones 990 mil 389 pesos: en gasto ordinario 89 millones 867 mil 258 pesos, para prerrogativas de los partidos políticos 139 millones 517 mil 148 pesos y para iniciar el proceso electoral 2023-2024 otros 106 millones 605 mil 983 pesos.
El organismo electoral pretende un aumento del 143.3 por ciento sobre el presupuesto ejercido este año, para el que se le aprobaron 49 millones 598 mil 526 pesos para gasto ordinario y 129 millones 599 mil 431 pesos para repartirlo a los partidos políticos.
El aumento pretendido en el gasto ordinario es por un 81.19 por ciento, en tanto que los recursos para los partidos políticos es del 7.65 por ciento. Lo que más impacta en el aumento del presupuesto para el CEEPAC es que en 2023 inicia el proceso electoral en el que se tiene previsto gastar, sólo el año próximo, 106 millones 605 mil 983 pesos.
Un gasto electoral oneroso, sin duda. La justificación podría ser debatible: el inicio del proceso electoral 2023-2024 y “la realización de diversas consultas a grupos prioritarios como comunidades indígenas y personas con discapacidad, cuyos resultados serían las bases para la construcción de lineamientos en los que se implementen acciones afirmativas dirigidas a estas poblaciones”.
El caso de las consultas no es otra cosa que la pelota que por la omisión irresponsable de los diputados de no incluir en la Ley Electoral las acciones afirmativas propuestas principalmente de la consulta indígena.
A los casi seis millones gastados por el Congreso del Estado, atender la obligación con las comunidades originarias ahora se suma lo que requiere el CEEPAC para atender lo que los diputados fueron incapaces de tomar en cuenta.
TRES. Los Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no sólo habría sido la más opaca en la aprobación de su presupuesto, sino que, al ningunear a su Consejo, generó las inconformidades que a través de declaraciones y filtraciones por parte de algunos de sus consejeros se abrió paso a poder conocer detalles sobre la forma en que se aprobó su presupuesto 2023.
De entrada, lo inverosímil: el presupuesto quedó aprobado por el voto a favor de ¡cuatro de los once integrantes del Consejo! ¿Cómo fue posible? Del resto, seis se abstuvieron y el séptimo no votó porque por problemas técnicos se desconectó de la sesión virtual. Otros consejeros señalaron que éste último también tenía contemplada la abstención.
¿Qué tan legítimo resulta un presupuesto aprobado por cuatro de once, muy lejos de la mayoría simple? Las abstenciones le dejaron abierto el paso a esa inverosímil aprobación para que la CEDH proponga un gasto por 47 millones 445 mil 192.73 pesos durante el 2023. Lo mismo que se le aprobó para este año.
Entre las inconformidades de los consejeros para no aprobar el presupuesto destaca que no se incluyó en el proyecto que les presentaron el tabulador de sueldos que, en el caso de la CEDH, representa el 89.61 por ciento de su gasto total. Las dudas se incrementaron con la asignación de recursos a programas y acciones que no los requieren.
Entregado a destiempo a quienes debían aprobarlo y, para colmo, sin incluir información esencial para valorarlo, el presupuesto 2023 de la CEDH refleja el poco respeto que se le tiene a su Consejo, que no sólo se ve anulado en cuestión presupuestal sino en acciones esenciales como la promoción del control a la inconstitucionalidad de algunas leyes emitidas por el Congreso del Estado.
Definir el presupuesto con su correspondiente POA es el primer paso para la definición de las prioridades que establecen esos organismos autónomos para atender los derechos humanos y ciudadanos que están obligados a proteger y, también, por la forma en que se dan, muestran el primer gran indicio de que a quien menos tienen voluntad de tener en cuenta es a la población.
