Por Eduardo Delgado
El aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ignacio Rafael Acosta Díaz de León es priísta, lo que por afinidad política le garantizaría los votos a su favor de los ocho diputados del tricolor y cuatro más de los legisladores de los partidos aliados (Verde Ecologista y Nueva Alianza). Requiere acumular seis más para completar los 18 requeridos para lograr su anhelado objetivo: convertirse en ombudsman.
El artículo 30 fracción VI de la Ley de la CEDH impone que el Pleno del Congreso aprobará la elección del titular con el voto de las dos terceras partes de los 27 legisladores y legisladoras que en integran el Poder Legislativo: Es decir 18.
Acosta Díaz de León aparece inscrito en el padrón de militantes del PRI, lo que puede corroborarse en la página número 280 del directorio de afiliados a ese instituto político en la capital potosina, disponible para consulta pública en la página web de ese instituto político. Su inscripción data del 9 de abril del año 2010, como residente en el distrito electoral federal 6.
La ley no prohíbe que la comisión sea encabezada por miembros de partidos, pero en su artículo 32 fracción XI establece que entre los aspirantes “se dará preferencia a quien sea manifiestamente apartidista”.
Este año la comisión defensora de los derechos humanos cumple 24 años y durante ese lapso ha sido presidida, entre otros, por: Sergio Teobaldo Azua Reyes; Luis López Palau; Magdalena Beatriz González Vega; José Ángel Morán Portales y Jorge Vega Arroyo. De ninguno de ellos se tiene antecedente de filiación político partidista.
la LXI legislatura definirá este jueves la elección del presidente del organismo protector de las garantías individuales entre 15 aspirantes, para el periodo comprendido del uno de abril de este año al 31 de marzo del 2021, con posibilidad de reelección para otros cuatro años.
No es la primera vez Ignacio Acosta pretende ese cargo pues en el año 2013 también se registró como candidato. Tampoco es el primer cargo público al que aspira. Ese mismo año contendió como aspirante a integrar el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, cuando públicamente se inconformó porque los entonces legisladores no cumplieron su palabra ni honraron las leyes “ni las normas de la ética y la deontología”.
