Abelardo Medellín
La actitud del gobierno ante la, aún incomprendida, realidad de la elección de cargos judiciales, lentamente se convierte en un problema que, como otros grupos vulnerables y víctimas de la indolencia oficialista, el Ceepac ha tenido que resolver a punta de llamamientos públicos.
Esta semana, integrantes del Concejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realizaron una rueda de prensa en la que se abordó el tema presupuestal de cara al proceso electoral de cargos judiciales a celebrarse en San Luis Potosí el próximo 1 de junio.
De acuerdo con lo que informó la presidenta del Concejo, hasta ese día solo habían recibido 7.5 millones de los más de 100 millones de pesos que el gobierno del estado debía entregar para este ejercicio electivo; además, reveló que se habían enterado, a través de medios de comunicación, que el plan de la Secretaría de Finanzas (Sefin) era ofrecer pagar el resto del dinero… pero en especie.
Hace a penas una semana, el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) publicó que el Organismo Público Local (OPL) de San Luis Potosí se encontraba en riesgo presupuestal debido al jineteo y mezquindad de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y ante eso, en lugar de ofrecer una solución viable y que atienda el problema por sus extremos, la Sefin propuso algo que solo beneficia a una persona: el gobernador.
Enterarnos de que el gobierno, en todo este tiempo, pagó tan solo 7.5 millones de pesos al Ceepac, cuando el proceso inició formalmente desde el dos de enero, es igual de preocupante y es un recordatorio perfecto de como la administración de la Gallardía, solo gasta en aquello que le interesa en lo personal al jefe del ejecutivo.
¿Cómo se compara por ejemplo la inversión en la elección judicial con otros gastos que ha hecho el gobierno recientemente y en los que no se ha escatimado la onerosidad que caracteriza a esta administración?
Tomemos como ejemplo la Arena Potosí, escandalosa, innecesaria, costosa, vistosa por fuera, horrenda por dentro, lograda a través de un proceso opaco y con intereses personales del ejecutivo, con todo esto, algunos podrían afirmar que la Arena de Gallardo es igualita a la elección judicial de Sheinbaum, un imponente sin sentido que nunca debió ocurrir, pero ahora nos tenemos que aguantar pues lo tenemos enfrente.
La diferencia entre estos, es que la Arena sí salió de la retorcida caja de ocurrencias del gobierno, y la elección judicial, no. La elección judicial para el gobernador, esto otro aburrido y tedioso trámite de protocolo que debe cumplirle al gobierno federal con tal de seguir, aunque sea con calzador, sentado en la mesa de los cuatroteistas.
Ahora, según Ceepac, el gobierno del estado dispuso de 7.5 millones de pesos al arranque del proceso de elección judicial local, mientras que para la Arena Potosí le entregó 658 millones de pesos en recursos; es decir, el Ceepac, durante el arranque de este proceso, recibió el 1.1 por ciento de lo que la administración destinó para un centro de espectáculos.
Aún si el gobierno llega a entregar (que esperemos que lo haga) los 110 millones de pesos que presupuestó para la elección extraordinaria, tal cantidad será a penas el 16 por ciento de lo que costó la Arena; y claro está, una obra faraónica siempre será más onerosa que una elección local, sin embargo, no deja de ser condenable el orden de las prioridades bajo las que trabaja este gobierno.
Igual de preocupante es el nivel de coordinación que presume el gobierno, contra el nivel de coordinación que tienen en realidad.
De acuerdo con Paloma Blanco López, consejera presidenta del Ceepac, ellos se enteraron de la posibilidad de recibir aportaciones en especie del gobierno para la elección, gracias a las publicaciones en medios de comunicación, ¿por qué?
Tanto Ceepac como gobierno se han llenado la boca de declaraciones en las que afirman que se han coordinado para lograr este ejercicio electivo, sin embargo, que la titular del OPL local confirme que el nivel de coordinación es tan pobre que se enteró de tal estrategia a través de medios, solo demuestra que una de estas dos autoridades, no ha tenido el interés de dialogar con la otra, y dado que el Consejo es la entidad que requiere del dinero de la Sefin, no es probable que el organismo sea el apático de esta situación.
O quizá detrás de todas estas omisiones resida un vicio aún peor: la necesidad de convertir cada obligación de gobierno en un logro. El Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez informó recién ayer que el gobierno ya había depositado 36 millones de pesos adicionales al Ceepac para la realización de la elección y reveló que esto se hizo justo después de que el organismo hiciera público el problema presupuestal que cargaban consigo. ¿Qué necesidad había de esperar a que el Consejo saliera públicamente a ventilar la problemática que padece para organizar la elección?, ¿es acaso que el trámite formal ante el gobierno para obtener recursos es hacer públicas las omisiones en las que incurre la administración?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
