Por Victoriano Martínez
Es del conocimiento generalizado que formar parte de la burocracia es pertenecer a un grupo salarialmente privilegiado, especialmente cuando se ocupan altos cargos. Parte de ese privilegio es no sentir obligación de rendir cuentas a quienes les pagan su salario –toda la población vía impuestos– a pesar de que estén obligados por ley.
Cuando el 20 de marzo de 2003 se publicó la primera Ley de Transparencia en el Estado, lo que más resistencia provocó entre los funcionarios públicos fue la obligación de que se dieran a conocer sus sueldos.
Se llegó a argumentar que revelar cuánto ganaban los ponía en riesgos de ser secuestrados, sin darse cuenta de que en el propio argumento y sin revelar el monto de su sueldo se autoproclamaban secuestrables.
El 25 de mayo de 2017 se publicó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción que incorporó un nuevo elemento de transparencia con miras a evitar la corrupción: la Plataforma Digital Estatal. Una base de datos de consulta pública que entre sus seis módulos incluye un apartado para las declaraciones patrimonial y de intereses de todos los servidores públicos.
Se trata de dos leyes, la de transparencia y la que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, que imponen a los servidores públicos la obligación de exponer a la población su situación patrimonial, incluidos sus ingresos, como una forma de control preventivo de situaciones que deriven en enriquecimientos inexplicables: aumentar su fortuna más allá de lo posible según sus ingresos.
Han pasado casi 19 años y medio desde la primera Ley de Transparencia, y los servidores públicos mantienen una aún más férrea resistencia a jugar limpio con la ciudadanía: en su mayoría se niegan a exhibir con cuánto llegan al cargo, cómo evoluciona su patrimonio y con cuánto se retiran.
En la Plataforma Estatal de Transparencia, donde deben cumplir la obligación de publicar sus declaraciones patrimoniales conforme a la ley de la materia, los funcionarios viven despreocupados porque los propios integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ocultan la información bajo una tramposa versión pública que todos siguen.
En la Plataforma Digital Estatal la situación cambia: el módulo de “Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses” requiere a los servidores públicos llenar formatos con datos específicos que revelan lo que los comisionados de la CEGAIP, con su vocación de opacidad, permiten que en la plataforma que ellos administran se oculte.
Si la Plataforma Digital Estatal obliga a mayor transparencia a los servidores públicos, no significa que en automático se logra abrir la información que la CEGAIP contribuye a ocultar. No obstante, la vía para evadir la publicación de la información tiene como efecto exhibir con mayor claridad quiénes se niegan a la transparencia y prefieren trabajar de espaldas a la ciudadanía.
Cada entidad pública debe adherirse a la Plataforma Digital Estatal para comenzar a publicar su información y es justamente no ajustarse a ese procedimiento el que les permite evitar publicar su información, pero al mismo tiempo los exhibe como opacos.
Las autoridades estatales son las que mayor opacidad dejan ver, pues de los tres poderes sólo el Legislativo se ha adherido a la Plataforma Digital Estatal. Los poderes Judicial y Ejecutivo persisten en ocultar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
En el caso del Ejecutivo se trata de una actitud que contradice –y exhibe como mera propaganda– el “Plan de la Política Estatal Anticorrupción”, que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presumió el 25 de febrero al apropiarse del trabajo realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, pero sin ninguna convicción por cumplirlo.
Destacan los siguientes dos compromisos:
“Un gobierno abierto a hacer público el patrimonio de sus funcionarios y poner bajo el escrutinio público, es un gobierno comprometido con la transparencia y, por lo tanto, menos proclive a incurrir en actos de corrupción.
“Implementar mecanismos de transparencia de sus gobiernos, tales como publicar su declaración 3 de 3 tanto en el caso del propio gobernador y de sus funcionarios, reducir al mínimo los pagos en efectivo y publicitar las observaciones que las entidades de fiscalización hagan a sus dependencias”.
Han pasado 199 días de que los presumió públicamente y sigue sin adherirse a la Plataforma Digital Estatal y, en consecuencia, sin publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses que, conforme a la Ley de Transparencia, debió hacer pública desde noviembre del año pasado. Voluntad de opacidad mata propaganda.
Cuando se dio a conocer la Plataforma Digital Estatal se habló de que la meta era lograr la publicación de más de 80 mil declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos.
El sitio Web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción reporta como publicadas 32 mil 849; sin embargo, las estadísticas de la Plataforma indican 20 mil 945 declaraciones publicadas. Las cifras muestran que la opacidad va del 60 al 75 por ciento.
De acuerdo con las estadísticas de la Plataforma Digital Estatal, las autoridades estatales son mucho más opacas que las municipales: se han publicado mil 454 declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos estatales contra 19 mil 491 de los municipales.
Al publicar esos documentos, los servidores públicos todavía echan mano de otro mecanismo para ocultar su información: dejar en blanco varios de los datos requeridos en los formatos. Así, sólo el 86.52 por ciento (18 mil 121 de 20 mil 945) de quienes las publican revelan sus ingresos.
Como muestra muy representativa de los niveles de ingresos de los servidores públicos, los datos incluidos –de acuerdo con las estadísticas de la Plataforma Digital Estatal– resultan reveladores: el 45.19 por ciento (8 mil 188) tienen un salario privilegiado superior a los cien mil pesos. El 3.06 por ciento (554) ganan entre 300 mil y 500 mil pesos, y el 4.3 por ciento (779) más de medio millón.
Un panorama de privilegio salarial que convoca y explica la tentación que guía a quienes buscan alcanzar los más altos cargos públicos por su ambición de tener mucho antes que por alguna vocación de servicio. Si adicionalmente les da poder y cierto prestigio social sin rendir cuentas, la ecuación no puede tener otro resultado que la degradación de la administración pública.
