Alejandro Rubín de Celis
Ya no cabe la menor duda: La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han operado exactamente en sentido contrario al espíritu y esencia para los que fueron creados. Un fiscal carnal que retrasa procesos de casos emblemáticos de presunta corrupción, una Fiscalía Anticorrupción inoperante y sin titular desde hace más de un año, organismos del propio Sistema que son boicoteados con señales procedentes del Ejecutivo estatal, y un gobernador que ha calculado a la perfección su timing de impunidad justamente para que la maquinaria anticorrupción no funcione.
La FGE, a cargo de Federico Garza Herrera, se tardó nada más dos años y 10 meses para darse cuenta de que los hechos constitutivos del delito de enriquecimiento ilícito, denunciados por el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) en contra de Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona y familiares, son de carácter federal. El FCA conmemoró este 23 de febrero tres años de haber presentado la demanda ante la fiscalía local y Garza Herrera informó a sus representantes ─para su sorpresa─, que apenas el 10 de diciembre pasado canalizó la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR). Esa gran demora ─sean o no realmente de orden federal los hechos denunciados─ representa una ofensa más a las demandas de justicia que desde hace años viene haciendo la sociedad potosina.
Y como era de esperarse cuando tienes un fiscal a modo que está a tus órdenes ─aunque la ley diga que es independiente─, el gobernador Juan Manuel Carreras López salió en su defensa para justificar el enorme retraso en la indagatoria encabezada por Garza Herrera: “lo que hay que ver son los ámbitos de competencia y la naturaleza propia de las denuncias (…) Hay un procedimiento que se tiene que desarrollar y seguramente ellos lo están haciendo en coordinación con las instancias que corresponden”.
La Fiscalía estatal ya había mandado otro expediente a la FGR correspondiente a la denuncia que el 12 de febrero de 2018 presentó el FCA por la supuesta compra de medicamentos a Sandra Sánchez Ruiz en la administración de Ricardo Gallardo Juárez como alcalde de la capital, solo que en ese caso no se tardó 34 meses como el que se citó anteriormente sino 12, e igualmente fue después de un año que informó a los quejosos que los actos que denunciaron también debían ser investigados en el ámbito federal.
Además de indagatorias que han quedado en el limbo en casos como la Ecuación Corrupta, el MochesGate y de ex diputados que se apropiaron de dinero destinado a grupos vulnerables mediante firmas falsas y empresas fantasma ─sólo se ha vinculado a proceso a dos de los acusados, Dulcelina S. y Mariano N.─, otro caso emblemático de ausencia en la procuración de justicia es el desalojo violento que sufrieron habitante de la Noria de San José.
En su noble afán de justicia, en junio de 2016 Juan Manuel Carreras facilitó la participación de órganos del Estado como la entonces Procuraduría de Justicia ─ a cargo de Federico Garza, que estuvo presente en los hechos─ y la Policía Ministerial ─a cargo de J. Guadalupe Castillo Celestino, también presente en los hechos─, para concretar dos violentos desalojos en la Noria de San José, pese a que las tierras reclamadas por la empresa American Industries estaban en litigio. Las víctimas denunciaron incluso tráfico de influencias por parte del gobernador para favorecer a su amigo el empresario, Luis Lara Armendáriz, propietario de American Industries. A cuatro años y ocho meses de los sucesos, la empresa pretende vender los terrenos de los que se apropiaron indebidamente en 243 millones de pesos y las víctimas siguen sin obtener justicia ni reparación del daño.
Igual que Garza Herrera, que pasó de titular de la Procuraduría de Justicia, cargo de absoluta confianza del gobernador, a ser fiscal autónomo, así se nombró a Jorge Alejandro Vera Noyola como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción (FA), después de haber fungido como enlace entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, en los hechos miembro del círculo de confianza de Juan Manuel Carreras. Pero cuando ─para sorpresa del mandatario y del fiscal general─ osó integrar adecuadamente carpetas de investigación que ponían en peligro la libertad de prominentes políticos, vinieron las presiones desde arriba hasta que lo hicieron renunciar el 30 de enero del año pasado.
Carreras López presentó una nueva terna el 14 de julio pasado en la que su preferido era Felipe Aurelio Torres Zúñiga, pero gracias a la presión social ─a sabiendas de que había dados cargados─ el Congreso rechazó la terna. En el camino, y como parte del entramado de complicidades, en el legislativo fue aplastada la propuesta del diputado Rolando Hervert de dotar de autonomía técnica y financiera a la FA ─aunque en los hechos hubiese pasado lo mismo que con Garza Herrera.
¿Por qué después de casi 13 meses el gobernador no ha enviado otra terna para elegir al nuevo fiscal? ¿Será que no encuentra otros tres candidatos de todas sus confianzas, cualquiera de los cuales le pueda cuidar la espalda a él, a sus allegados y a quienes busque proteger por compromisos políticos? No es creíble. Parece que más bien se trata de otro cálculo dentro de su ya conocido timing para hacer que esa fiscalía opere el menor tiempo posible mientras él termina su gestión ─le quedan exactamente siete meses.
Además de la Fiscalía Anticorrupción, hay otros órganos del Sistema Estatal Anticorrupción que tampoco han funcionado. Un Comité de Participación Ciudadana (CPC) envuelto en escándalos por denuncias de irregularidades entre sus propios integrantes, que han provocado renuncias y hasta demandas en tribunales; Un Comité Coordinador (CC), integrado en su mayoría por representantes de entidades públicas que le hacen el vacío al presidente de este Comité, ─que por ley es un miembro del CPC─, con su ausencia a reuniones de trabajo, en lo que parece tener la intención de boicotear la buena marcha del organismo; y una Secretaría Ejecutiva actualmente controlada por un secretario técnico, Jesús Rafael Rodríguez López, que igualmente ignora al presidente actual del CPC, José Ismael Leyva Nava, al que, además de despreciar en otras ocasiones, no convocó a la sesión celebrada ayer para aprobar el presupuesto de ese órgano de gobierno para este 2021 ─siendo que por ley también debe ser quien la presida─, y que privilegia los salarios de los integrantes y el personal de la Secretaría por encima de la inversión pública que se debe aplicar para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Ante estas situaciones irregulares, el gobernador del Estado ni siquiera ha hecho un llamado a la cordura y al diálogo para que se diriman las diferencias, se hagan a un lado las luchas por el poder y se coordinen las distintas instancias involucradas para el buen desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción. Todo lo contrario, ha dejado que se acusen unos a otros, que haya demandas de por medio, que se regateen presupuestos, que se posterguen reuniones de trabajo, que personas como José Ismael Leyva Nava hagan lo que les da la gana sin que haya consecuencias.
Como se puede ver, el que tomó como bandera el combate a la corrupción desde que inició su administración y que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, en las que se incluye una procuración de justicia pronta, expedita, imparcial y completa ─que además es un derecho humano─, y que ahora, a través de su fiscal carnal supuestamente independiente estaría entorpeciendo, es quien hace todo lo posible para que ni uno ni la otra funcionen.
Y para cerrar con broche de oro, Juan Manuel Carreras podría lograr que su ex secretaria de Salud, Mónica Rangel, sea su sucesora, aunque no sea candidateada por el PRI (el partido de ambos) sino por Morena, y entonces sí, impunidad garantizada al término de su mandato.
