Estela Ambriz Delgado
La Procuraduría Agraria respondió a los ejidatarios de La Pila y sus anexos que, tras una búsqueda exhaustiva, no se localizó ningún indicio documental que dé cuenta de algún convenio de ocupación previa del ejido, ni se ha ordenado inscripción alguna en el Registro Agrario Nacional (RAN) respecto al terreno en donde se pretende construir el Libramiento Oriente.
Derivado de una solicitud que los ejidatarios entregaron el pasado 14 de junio a Luis Hernández Palacios Mirón, en las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria en la Ciudad de México, la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria respondió mediante el oficio DGJRA/DAAPP/0676/2023 no haber encontrado ningún documento relativo al trámite correspondiente por la ocupación de las 30 hectáreas, siendo que por ley se debe pasar a revisión de esta dependencia ese tipo de contratos.
De acuerdo a lo que establece el Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural en el artículo 56 que “antes o durante la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes ejidales y comunales, la dependencia o entidad promovente podrá celebrar un convenio de ocupación previa con un núcleo agrario, o con los ejidatarios o comuneros titulares de derechos parcelarios”.
Asimismo, en el artículo 58 se determina que “en la suscripción del convenio de ocupación previa deberá intervenir la Procuraduría, quien solicitará la inscripción del mismo al Registro”.
En su solicitud, los habitantes de La Pila pidieron se les informara si la dependencia había recibido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ejido La Pila, o de la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V, alguna solicitud para emitir acuerdo, revisión o determinación respecto a la suscripción de un convenio de ocupación previa en el ejido, y si al efecto se ha solicitó la inscripción del mismo en el RAN.
Por otra parte, el pasado miércoles 28 de junio estaba programada una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario entre los ejidatarios de La Pila, la empresa META, y la SICT, tanto federal como el Centro San Luis Potosí, pero fue diferida debido a que el apoderado de la empresa llegó sin abogado y de las dependencias nadie hizo acto de presencia.
Al respecto, el ejidatario Antonio Hernández Ávila calificó como “increíble” que la corporación más importante de infraestructura carretera en el centro del país no tenga para un abogado, además de que la ausencia de la SICT fue una acción concertada entre ambas partes para aplazar el proceso.
“Cómo es posible que una empresa tan poderosa y rica no tenga para un abogado, eso es una tontería, es una falsedad, con eso quedan evidenciados. Y cómo es posible que una secretaría de Gobierno Federal no venga y también quiera argumentar que no tiene quien los asesore, es absurdo”.
Hernández Ávila informó que la magistrada determinó que para la próxima audiencia el 2 de septiembre van a tener que entregar toda la documentación respecto a las asambleas de noviembre y diciembre de 2022, donde se acordó la ocupación 30 hectáreas a razón de 38 millones de pesos, de lo contrario se les va a multar y sancionar.
