Estela Ambriz Delgado
Habitantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito acudieron a la delegación de la Procuraduría Agraria el pasado 18 de mayo para continuar con el trámite de remoción del Comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia; entregaron su solicitud firmada por cien de ellos y la instancia se comprometió a revisarla y en su caso iniciar con el trámite.
En el acta de comparecencia firmada por el subrepresentante jurídico, César Iván Ortega González, y el visitador agrario de la residencia, Ramón Alejandro Galván Pérez, se indica el motivo de la misma y la Procuraduría asumió el compromiso de analizar la solicitud, y en caso de ser procedente iniciar la diligencia.
En su solicitud para convocatoria de asamblea de remoción, los comuneros argumentan haber hecho una evaluación de la actividad de los órganos. Señalaron que encontraron causales para la remoción, tales como que el Consejo de Vigilancia no cumple con sus obligaciones de revisar el actuar de la mesa del Comisariado de Bienes Comunales, la falta de asambleas ordinarias y extraordinarias en el núcleo agrario, además de fomentar el divisionismo y la confrontación entre comuneros al no tenerlos informados sobre el quehacer de los mismos.
De igual forma, en el documento señalan que sus representantes no han atendido las instrucciones de la asamblea comunal del 3 de octubre de 2010, para defender los intereses del núcleo agrario respecto a supuestos acuerdos de exclusión de tierras, y que inclusive no se tomó en cuenta a la asamblea para comparecer en los respectivos juicios, por lo que manifestaron la inconformidad con dichas exclusiones.
Asimismo, los comuneros manifiestan que los órganos de representación han desatendido lo relativo a los acuerdos de exclusión de los predios Casa Blanca, La Tiendita, Colonia Graciano Sánchez, Las Presitas, Las Parras y Las Milpas.
Por otra parte, a través de su solicitud, ratifican que las actuales circunstancias por las que atraviesa la comunidad constituyen un grave riesgo a la vida institucional de la comunidad, así como la extinción de su patrimonio y el futuro de la familia comunal, por lo que piden tener una representación genuina que asuma la responsabilidad de defender sus derechos como comunidad, que acate y ejecute fiel y puntualmente los mandatos que son de la exclusiva competencia de la asamblea.
En la solicitud de los comuneros también se relata el proceso que han seguido para lograr la remoción, cuando el 25 de abril de 2023 se hizo entrega de la solicitud a los representantes de ambos órganos, para lo cual se acompañó de la notaria Marisela Zavala Farfán en el caso del Comisariado de Bienes Comunales, y de Martín Osvaldo Zavala Muñoz, en el caso del Consejo de Vigilancia.
En las solicitudes de la asamblea antes mencionada, se estableció el supuesto de que el Comisariado convocara en los cinco días posteriores a esta solicitud, y que en el caso del consejo lo hiciera después de que transcurrieran los cinco días que define la Ley Agraria.
“Del 25 de abril al día de hoy, han transcurrido más de los diez días establecidos en el articulo 24 de la Ley Agraria, situación por la que solicitamos que esta procuraduría agraria emita la convocatoria para la remoción solicitada, en el entendido que deberán asistir comuneras y comuneros titulares, y no mediante carta poder”.
