Alejandro Rubín de Celis
Cada vez se le pone más difícil la situación al alcalde Xavier Nava Palacios y su grupo para aprobar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y el de Desarrollo Urbano y Centro de Población, que permitan a un grupo de empresarios inmobiliarios urbanizar más tierras de uso común en la Sierra de San Miguelito.
Y es que hay una clara división al interior del Cabildo ─incluso entre regidores y síndicos panistas que tiene relación con la postulación del candidato del PAN a la gubernatura del estado─ y un ocultamiento de información sobre la actualización de los proyectos a varios de sus integrantes, así como a organismos del sector empresarial y ─lo más importante─ a la ciudadanía y los comuneros y ejidatarios directamente involucrados.
Ayer, en la mesa del trabajo a la que se convocó a los integrantes de las comisiones unidas de Alumbrado y Obras Públicas, Gobernación, Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro, y de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, que deben revisar y en su caso aprobar los programas de desarrollo urbano, quedó de manifiesto que el director del IMPLAN Fernando Torres, los regidores y la síndico municipal, que pertenecen al grupo del presidente municipal ─quien con toda seguridad recibía reportes continuamente y aprobaba los avances─, trabajaron en lo oscurito la actualización de los programas de esos documentos rectores y mediante engaños pretendían hacer que los autorizaran, primero en las comisiones unidas y luego en el Cabildo.
El indiscreto fue el regidor Alfredo Lujambio Cataño quien refirió que se habían realizado una docena de reuniones para avanzar y afinar detalles de los proyectos, lo que sucedió ¡sin la participación de varios regidores ni del síndico municipal, Víctor Saldaña! También hubo expresiones de inconformidad de representantes empresariales que se quejaron por falta de información.
Otro factor que contribuyó a la crisis en la reunión fue la postura de la síndico municipal, Alicia Nayeli Vázquez, quien sostenía que la suspensión de plano decretada en dos juicios de amparo en contra de cualquier intento de cambiar el uso de suelo, y la presentación de un par de incidentes por violación de las comisiones unidas a dichas suspensiones ─de los que en el mismo momento de la fallida reunión eran notificados─ eran temas que tenía bajo control y que se podía seguir adelante. Algunos regidores le cuestionaron sobre cómo podía garantizar que no habría una sanción por desacato, pero ella no pudo dar una explicación convincente.
El propósito de la mesa de trabajo a la que fueron convocados era convencer a regidores y al síndico de las supuestas bondades de los programas actualizados para que las comisiones unidas los aprobaran el día de hoy y que mañana hiciera lo propio el Cabildo en pleno.
De acuerdo a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y la necesidad de Xavier Nava de quedar bien con ellos, el alcalde y sus cercanos cometieron el error de no compartir a tiempo la información de los avances de la actualización y operar políticamente para convencer a regidores renuentes ─al estilo de siempre, a cambio de algo─ para que votaran a favor de los programas.
Pero no hay duda que el principal obstáculo lo ha tenido con los comuneros, ejidatarios, activistas y grupos ambientalistas que se oponen tajantemente a que se siga causando daño a un ecosistema que resulta esencial para la vida en la ciudad en todas sus formas y manifestaciones.
Las luchas que desde hace más de dos años han emprendido, desde el proyecto Reserva en 2018 hasta llegar al proyecto Cañadas ─entre ellas tener una amplia participación en la consulta pública a pesar de las limitaciones que puso la autoridad para llevar a cabo ese ejercicio─ y las estrategias legales y sociales que han emprendido, como la tramitación de amparos, han representado un auténtico dique a los intentos por continuar la depredación de la sierra.
Como resultado de todo ello, nuevamente queda en suspenso el tema de los programas de desarrollo urbano, cuyos juicios en curso podrían llevar años según estimaciones de los abogados de comuneros y ejidatarios.
Lo que está bien claro ─y así lo han dejado ver en todo este tiempo─ es que comuneros y ejidatarios que están a favor de preservar el medio ambiente, y los grupos ecologistas que los acompañan, no cejarán en su afán de evitar que se siga construyendo en una zona que tantos servicios ambientales aporta.
También está pendiente la declaratoria federal de lo que será la nueva Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito, la cual puede ─debe, de acuerdo al pronunciamiento presidencial de que la sierra no se toca─ dejar dentro de esta zona ecológica las tierras que se pretende urbanizar, lo que acabaría por sepultar los ambiciosos proyectos de los desarrolladores inmobiliarios y de las autoridades cómplices.
