Por Victoriano Martínez
El anuncio lo hizo Julio César Galindo Pérez, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en declaraciones al periódico Pulso publicadas a las 02:07 p.m. del sábado 26 de diciembre y replicadas a ocho columnas en la página 1B de la versión impresa del mismo diario: Ya existe un compromiso para acelerar planes urbanos en el Ayuntamiento capitalino.
Se refirió a una reunión con el regidor Christian Iván Azuara Azuara como coordinador de los regidores panistas, con Juan Francisco Aguilar, dirigente estatal del PAN, y con integrantes de la Alianza empresarial como testigos, en la que se habría logrado el compromiso.
Cual vocero de la autoridad municipal, Galindo Pérez anunció el calendario para la aprobación de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PMDUCP): 28, 29 y 30 de diciembre, mesas de trabajo; 4 de enero, sesión de comisiones, y 6 de enero, sesión de Cabildo para la aprobación.
A mediados de la semana pasada, los empresarios acusaron públicamente al diputado federal Xavier Azuara Zúñiga y al dirigente estatal panista de frenar la aprobación de los programas, amenazaron con denunciarlos ante del CEN del PAN, y con pedir a los partidos de la coalición Va por San Luis vetarlos junto con los regidores de su grupo para posibles candidaturas.
Tras aquellas amenazas y los acuerdos que le marcan la agenda a la autoridad municipal anunciados por Galindo Pérez el sábado, ¿hay espacio para dudar de que en la aprobación de los programas de desarrollo urbano el Cabildo es presionado y sometido por los intereses empresariales, que verían abiertas 5 mil 700 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para la depredación inmobiliaria?
¿Tan avasallante se asume el poder económico que ya abiertamente condiciona y presiona decisiones de las autoridades que la obligan a ignorar, no sólo advertencias de activistas ambientales y colonos perjudicados por los programas, sino también determinaciones judiciales que admiten solicitudes de amparo ante indicios de violaciones a diversos derechos?
Hay cuando menos tres expedientes judiciales en los que se decretaron suspensiones provisionales de cualquier acto de la autoridad –y eso incluye las calendarizadas el sábado tras la presión empresarial– que colocan a los empresarios como incitadores para que las violen los integrantes del Cabildo:
- En el Juzgado Cuarto de Distrito en el expediente 725/2019, que ha ordenado suspender cualquier acto de asignación y cambio de destino de 2 mil 69 hectáreas en la Sierra de San Miguelito en las que se pretende desarrollar el proyecto inmobiliario Las Cañadas.
- En los Tribunales Agrarios el expediente 781/2018 que ordena la suspensión de cualquier acto tendiente a cambiar el destino de cinco mil hectáreas del Ejido La Pila, lo que impide su urbanización, que es una de las razones por las que presionan los empresario.
- En el Juzgado Octavo de Distrito el expediente 690/2020 que decreta la suspensión sobre cualquier acto que altere los límites entre Mexquitic de Carmona y San Luís Potosí, y el despojo de 127 hectáreas del ejido Guadalupe Victoria, por parte del IMPLAN. Los programas de desarrollo urbano consideran el Santuario del Desierto como territorio de la capital, cuando pertenecen a Mexquitic.
Una intervención empresarial que, lejos de fomentar que se analicen los programas de desarrollo urbano conforme al interés de todos los habitantes de la ciudad, antepone intereses de lucro desmedido con argumentos falaces, como si en los últimos 17 años sin actualización de esos programas la industria de la construcción hubiese desaparecido en San Luis Potosí.
Una intervención empresarial tan excedida que, advirtió Luis Albero Suárez Castillo, asesor legal de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, las presiones y amenazas públicas hechas por los empresarios la semana pasada configuran delitos electorales.
Una urgencia por que, sin mayor revisión, se aprueben los programas que abren a la urbanización parte de la Sierra de San Miguelito, sólo puede entenderse en una carrera que pretende adelantarse a favorecer la depredación inmobiliaria antes de que resulte imposible con la declaratoria de Área Natural Protegida de carácter federal, cuyo proceso lleva importantes avances.
