Por Victoriano Martínez
En el principio fue una inocente pregunta de un diputado en una reunión con el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaytán, allá por el mes de abril: ¿Se contempla algún crédito para enfrentar los gastos de la pandemia? Y aunque la respuesta fue negativa, incluyó un no se ha contemplado, que pronto se mostraría como un ¿cómo no se nos ocurrió antes?
Para el 11 de mayo, la pregunta derivada en ocurrencia ya había generado un documento con un rimbombante título: Estrategia de Atención Financiera a la Contingencia Sanitaria por el Covid-19. El gobernador Juan Manuel Carreras López lo presentó ante empresarios, a quienes les revelo los cinco puntos de su estrategia:
- Implementación de un Programa adicional de Austeridad Gubernamental: Reducción de gasto de operación y reorientación de programas gubernamentales.
- Reestructuración de la Deuda Bancaria: Sin incrementar su saldo actual.
- Contratación de un Crédito Adicional: Hasta por 700 mdp para financiar emergencia sanitaria (equipamiento médico) e infraestructura que apoye la reactivación económica.
- Desincorporación del terreno adquirido inicialmente para la instalación de FORD, para su enajenación en las mejores condiciones para el Estado, lo que permitiría: Cubrir anticipadamente al menos el 50% del crédito adquirido; mantener la capacidad de atención a la contingencia sanitaria; ampliar los programas de reactivación económica; reforzar la infraestructura de seguridad pública.
- Gestión de recursos ante la federación: Para la recuperación del gasto erogado en la atención a la contingencia sanitaria, así como para el financiamiento de infraestructura estratégica.
Ante opiniones adversas, especialmente hacia el nuevo endeudamiento –con 14 diputados abiertamente en contra–, Carreras López degradó los puntos de su estrategia a un mero abanico de posibilidades, del que al final aparentemente sólo seleccionó el número 2: reestructurar la deuda. Envió la iniciativa al Congreso del Estado el 18 de mayo.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Ejecutivo expuso un razonamiento en torno al Techo de Financiamiento Neto para determinar el tope de endeudamiento para el estado para concluir que “la capacidad de pago con la que cuenta el Estado que para efecto de la reestructura no tiene un impacto en el límite de contratación”.
No obstante, reveló que se acercaba al límite por lo que para el frustrado intento de crédito por 700 millones de pesos, Carreras López tendría que argumentar razones excepcionales conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Fiscal con lo que, pretender la salida fácil de un endeudamiento, ya no lo sería tanto.
Para el caso de la reestructura de la deuda, tan confiaba Carreras López en lograr la aprobación del Congreso en menos de doce días, que en el artículo primero del decreto propuesto establecía una reestructura “hasta por el saldo insoluto que a la fecha del 31 de mayo del 2020 ascenderá conjuntamente a la cantidad de $3,686,976,014.97”.
El alcance de la reestructuración era, en mayo, dejar de pagar intereses el resto del sexenio para disponer de recursos para atender la contingencia a cambio de prolongar 18 años el plazo de los adeudos reestructurados.
Así, la deuda reestructurada por Marcelo de los Santos en diciembre de 2007, a siete años de quedar cubierta se prolongará otros once años más de pago de intereses. Por los intereses ahorrados por el resto del sexenio se pagarán intereses de once años más.
El otro adeudo contemplado en la reestructura es el que obtuvo en septiembre de 2014 Fernando Toranzo Fernández por 750 millones de pesos para entregárselos en apoyos a la BMW. Un crédito que se termina de pagar en diciembre de 2021. Por ahorrarse los intereses de menos de un año, el saldo tendrá que pagar intereses por 17 años más.
El tercer adeudo contemplado es la reestructuración que el propio Carreras López realizó al inicio de su sexenio que incluyó, entre otros adeudos, el remanente del emblemático crédito de fin de sexenio de Marcelo de los Santos por mil 500 millones de pesos.
Desde que el 21 de mayo, como turno 4503, se envió la iniciativa a las comisiones de Hacienda del Estado y de Gobernación, la propuesta reposó en espera seguramente del timing carrerista, que marcó este 28 de diciembre –que sea el Día de los Inocentes es mera coincidencia– para que la retomaran los diputados y, sin discusión, aprobara el dictamen la Comisión de Gobernación.
En la presentación del dictamen hecha por Javier Leyva, asesor de la comisión, no hubo una sola referencia a la actualización de los saldos de la deuda y sobre los recursos de los que dispondría el gobierno estatal al diferir el pago de intereses, que son el objetivo principal de la reestructura.
Tan irrelevante resultó esa información, que los diputados votaron y aprobaron el dictamen por mayoría: Beatriz Benavente, Rubén Guajardo Barrera, Martín Juárez Córdova y Paola Alejandra Arreola Nieto, a favor; Emmanuel Ramos, en contra. Lo relevante fue un si el gobernador lo propone, hay que aprobárselo.
Así avanza la aprobación de una cadena de re-negociaciones –es decir, negocios reciclados con ganancias multiplicadas– que prolongan el endeudamiento estatal –esta vez por 18 años más– en una ya tradicional política financiera del gobierno en la que el de atrás paga –tres sexenios más– porque, a fin de cuentas, que el pueblo pague impuesto es permanente.
