Fernanda Durán
La asociación civil Cambio de Ruta anunció que un Juzgado de Distrito del Poder Judicial Federal ha aceptado la demanda de amparo presentada contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general en torno al reciente decreto que creó el municipio de Villa de Pozos.
Esta impugnación promovida el 12 de agosto, sostiene que la formación del nuevo municipio vulnera varios derechos constitucionales y humanos de los habitantes de la región.
El amparo destaca diversas irregularidades señaladas por la organización al asegurar que comprometen significativamente los derechos de la ciudadanía, como la falta de consideración del impacto ambiental en la creación del nuevo municipio, pues se argumenta que el decreto no aborda adecuadamente problemas críticos como el riesgo de interrupción en el tratamiento de aguas residuales; la posible afectación a la recarga del acuífero del Valle de San Luis Potosí; la falta de control sobre tiraderos clandestinos y bancos de tiro, incluso cuestiona la ausencia de regulación para industrias contaminantes y la incertidumbre en la gestión del arbolado urbano y las áreas verdes.
Otro problema que resalta el amparo es la falta de participación ciudadana en el proceso decisional, un hecho que contraviene el Acuerdo de Escazú en cuanto al derecho a la participación pública medioambiental, y su incumplimiento en la creación del municipio ha sido señalado como una violación significativa.
En relación a la provisión de servicios públicos, la impugnación menciona que no se asegura la continuidad del acceso al agua, el saneamiento y gestión de residuos, garantizando el derecho a la ciudad acorde a los lineamientos de ONU Hábitat.
Además de la falta de un análisis integral sobre la viabilidad financiera y administrativa del municipio, también se señala como una deficiencia crítica que podría afectar la buena administración de los recursos.
De igual forma, indica la ausencia de una “motivación reforzada” en el decreto, lo que según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario para asegurar la seguridad jurídica.
En torno al derecho al agua y saneamiento, se asegura que existe incertidumbre por la posible afectación a la infraestructura hidráulica y la gestión del agua, así como los riesgos sanitarios derivados del manejo inadecuado de residuos y aguas residuales, lo que también afecta el derecho a la salud.
Finalmente, el amparo de la organización afirma que hay ausencia de garantías para un crecimiento urbano ordenado y ambientalmente responsable.
Cambio de Ruta, A.C. expresó que con esta acción legal busca proteger los derechos, “particularmente los de Villa de Pozos que fueron indignamente engañados”, y que pretenden garantizar que cualquier cambio en la organización territorial del estado se realice con pleno respeto a la Constitución y los derechos humanos.
