María Ruiz
En rueda de prensa, el Colectivo ILE y una asociación civil, cuyo nombre se mantuvo en el anonimato por razones de seguridad, anunciaron la presentación de un nuevo amparo colectivo que busca la despenalización de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el estado de San Luis Potosí.
Este esfuerzo jurídico se inspira en un precedente: el amparo en revisión 73/2023 que permitió la despenalización del aborto en Aguascalientes gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Esta resolución estableció que las asociaciones civiles pueden actuar legalmente en representación de todas las mujeres de una entidad, siempre y cuando su objeto social y estatutos incluyan la defensa de derechos reproductivos”.
Indicaron que la asociación que lidera este amparo en San Luis Potosí cumple con estos requisitos, pues tiene como misión la promoción de la salud de las mujeres en la entidad a través de la participación política, social y económica.
“Ya hemos obtenido siete victorias en juicios individuales relacionados con la ILE, sólo queda un amparo pendiente y se espera que este amparo colectivo tenga un impacto significativo”.
Este movimiento legal no es un caso aislado. Remarcaron que hay estrategias similares que se han implementado en Querétaro y Aguascalientes, donde la resolución favorable permitió que las mujeres accedieran a servicios de aborto seguro sin necesidad de recurrir a prácticas peligrosas o a desplazarse fuera de sus estados.
“En San Luis Potosí, el objetivo es modificar el Código Penal para eliminar los artículos que criminalizan el aborto y cambiar la Constitución estatal, que actualmente protege la vida desde la concepción”.
El camino legislativo, dijeron, ha sido difícil. Pese a que iniciativas similares han estado en el Congreso del Estado por más de un año, no han avanzado debido a la falta de interés y voluntad política de la mayoría de las y los legisladores. Esta situación ha llevado a las defensoras de la ILE a buscar la vía judicial como una alternativa más efectiva.
“Las implicaciones del amparo colectivo son amplias. Si se resuelve favorablemente, todas las mujeres y personas gestantes en San Luis Potosí podrían acceder al aborto legal hasta las 12 semanas de gestación. Este cambio no solo despenalizaría el aborto, sino que también garantizaría que se realice en condiciones seguras y con atención médica adecuada, eliminando el riesgo de procedimientos clandestinos y peligrosos”.
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. A pesar de ciertos avances, como el diálogo con el Gobierno del Estado, señalaron que persisten las trabas burocráticas y la resistencia de grupos conservadores.
No obstante, la estrategia jurídica basada en precedentes y el apoyo de asociaciones comprometidas con los derechos reproductivos ofrecen una esperanza tangible de que, finalmente, las mujeres de San Luis Potosí podrán ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos sin temor a la criminalización.
