Fernanda Durán
Dos personas más presentaron un amparo en contra del Congreso del Estado y la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, con el que solicitaron la suspensión provisional y en su caso la reposición del proceso de selección para auditor o auditora del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, en el que Rodrigo Joaquín Lecourtois López resultó seleccionado el pasado 12 de octubre. Con este suman dos amparos promovidos contra el mismo caso.
Las personas inconformes reclamaron que la Comisión de Vigilancia haya emitido un dictamen en el que se expuso al total de personas participantes sin razonar, justificar ni acreditar debidamente el cumplimiento de los requisitos de cada aspirante, especialmente la “experiencia plenamente comprobada de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”.
Otra de las omisiones señaladas por los quejosos fue el hecho de que la Comisión no verificó si los aspirantes al cargo se encontraban o no en activo como servidores públicos al momento del proceso de elección, conforme al artículo 6 Fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que obliga a todo servidor público a separarse legalmente de los activos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses, en forma previa a la asunción de cualquier empleo, cargo o comisión.
En el amparo promovido aseguraron que hubo participantes de la convocatoria que no se separaron previamente de sus empleos o cargos en el servicio público, lo cual puede confirmarse en los currículos de cada participante, así como en las entrevistas del 4 de octubre, por lo que consideran que no se emitió un dictamen con la lista de las personas elegibles al cargo sino de todos los candidatos que se postularon.
Respecto al Congreso demandaron la votación, designación y toma de protesta, ya que de igual manera las y los diputados no verificaron ni se apegaron a los requisitos como acreditar una experiencia mínima comprobada de cinco años de Lecourtois López, quien tampoco justificó su previa separación al cargo público que ostentaba como consejero jurídico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí al momento de su participación a la convocatoria.
En este amparo nuevamente se pidió que el Poder Legislativo reponga la sesión ordinaria No. 80 para que vuelva a realizar la discusión y votación de un nuevo dictamen exclusivamente con los candidatos que considere “elegibles”, y posterior toma de protesta de aquella persona que acredite los requisitos normativos previstos, así como las bases de la convocatoria.
