Por: Antonio González Vázquez.
Juan Ramiro Robledo Ruiz ha propuesto que el ayuntamiento de San Luis Potosí le requise a Red Ambiental la infraestructura para la recolección y disposición final de la basura que se genera a un ritmo de mil toneladas por día, pues de lo contrario, se enfrentará una situación crítica y de emergencia.
El ex candidato a gobernador y ex diputado local por el Partido de la Revolución Democrática escribió un artículo titulado “Los servicios públicos deben ser públicos” en evidente apoyo al alcalde capitalino, Ricardo Gallardo Juárez en el marco de la pugna de éste con la empresa.
Lo sustancial del texto es el siguiente:
Frente al conflicto que existe en la capital potosina y la empresa concesionaria de la recolección de basura, prácticamente conocido por todos, valdría conocer los términos económicos, el clausulado y las sanciones que se hayan pactado para el caso de incumplimiento entre las partes, a fin de que la opinión pública se forme un juicio certero respecto del tema y ponderar si es justa para el interés general o ventajosa para la empresa privada dicha concesión.
Por lo pronto, alguien tiene que recoger la basura que se genera en las casas y en las calles de nuestra ciudad y darle el tratamiento adecuado, en términos de la preservación ambiental. La concesión tiene varios años de vigencia y al otorgarla el Ayuntamiento desmanteló toda su infraestructura con la que brindaba antes de manera directa el servicio.
Ahora los camiones recolectores de basura, el personal capacitado para ello, la estructura administrativa, la maquinaria para el tratamiento de la basura y hasta los espacios para el depósito, los tiene únicamente la empresa concesionaria, quien por el diferendo con la autoridad local ha retirado todo eso del servicio al municipio.
Al Ayuntamiento de la capital no le va a alcanzar el tiempo ni la capacidad para sustituir cabalmente la prestación de ese servicio en el tiempo inmediato, como se requiere, aún con ayuda de otras partes y apoyos voluntariosos.
Vamos caminando hacia una situación crítica y de emergencia, que mientras se resuelve política o legalmente, bien justifica la requisa de los bienes muebles e inmuebles necesarios para restituir a la ciudadanía potosina el buen servicio de la recolección de basura, de la limpieza de los espacios públicos y del saneamiento.
Existe en la doctrina jurídica esa figura de la requisa, que es adecuada para el caso y en nuestras leyes vigentes la de Expropiación define, entiende y permite que a solicitud de la autoridad responsable, se pueda proceder a la ocupación temporal de los derechos de uso y disfrute de un bien, mediante el pago de la indemnización correspondiente, desde luego, por casos de utilidad pública, como es sin discusión la cuestión que nos ocupa.
El procedimiento legal es muy sencillo y permite al Ayuntamiento solicitar al Estado que provea de inmediato disponer temporalmente de los bienes y el equipo necesarios para restaurar el servicio.
En esas circunstancias, autoridad municipal y concesionaria, entonces sí, podrán sentarse a dimitir diferencias, negociar soluciones o plantear su arbitraje ante los Tribunales competentes.
Robledo Ruiz firma su artículo como profesor en Derecho Administrativo, aunque ha aconsejado y asesorado al alcalde.
