Por Eduardo Delgado
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acumula dos propuestas sobre el video escándalo protagonizado por diputados locales de diversos partidos. Uno con la finalidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) investiguen “la presunta existencia de una red de corrupción” entre congresistas potosinos.
El miércoles de la semana pasada la velocista y senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, propuso aprobar un punto de acuerdo en ese órgano colegiado, integrado por diputados federales y senadores, para solicitarle a la ASF “una opinión técnica acerca del presunto caso de corrupción” entre diputados locales.
Ayer la ex diputada local y legisladora federal de la fracción del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, propuso que la PGR y la ASF indaguen e informen respecto de la presunta existencia de la red de corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, como describió en el video al diputado ex panista Enrique Alejandro Flores Flores al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo.
En su exposición de motivos la priista refiere que el video parece indicar que en el Congreso local “se extorsiona a algunos presidentes municipales”, pues el diputado Enrique Flores le explica a uno de los ediles afectados “que debía entregar” entre un 10 y 20 por ciento del monto observado en la revisión de su cuenta, “a cambio de que fueran eliminadas las irregularidades…, so pena de recibir sanciones tales como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en caso de no entregar las cantidades exigidas”.
Refiere que de esa maniobra “también serían participes algunos servidores públicos adscritos al ente fiscalizador estatal” y que de no ser aceptar el pago “las inhabilitaciones serían impuestas, aun en el supuesto de que no se hubiera “clavado un peso”.
Las escenas del video, añadió la representante popular, “resultan a todas luces condenables y es por ello que requerimos atentamente la intervención de la Procuraduría General de la República, a efecto de que atraiga las investigaciones correspondientes y esclarezca los hechos”.
Sostuvo que dada la gravedad del asunto “amerita” la intervención de la Auditoría Superior de la Federación con revisiones y observaciones que haya realizado en las participaciones federales de los municipios de San Luis Potosí, de manera especial “durante el periodo que sea coincidente con la vigencia de la LXI Legislatura, que es aquella en la que se están desempeñando los probables integrantes de la red de extorsión en comento”.
“La mejor forma para acabar con la corrupción es la transparencia, la rendición de cuentas, y la exigencia de que se castigue a quienes se apartan del cumplimento de la ley”, remató.
A su vez, Ana Gabriela propuso la aprobación de un acuerdo en el Congreso de la Unión, para requerirle al órgano técnico fiscalizador una opinión acerca del presunto caso de corrupción entre diputados del congreso local que integran “una presunta red de extorsión a presidentes municipales cuyas cuentas de 2016 presentan irregularidades” y que “operarían en colusión con Auditoría Superior del Estado”.
Refiere la participación en esa red del diputado Enrique Flores, del priísta Oscar Bautista Villegas; Manuel Barrera Guillén del partido ecologista y del perredista J. Guadalupe Torres Sanchez.
“Es inquietante que muchos de los casos de corrupción mayúsculos en México son ventilados por prensa internacional o por venganzas políticas, grabaciones que son hechas por intereses particulares y no casos detectados por órganos técnicos ni por herramientas de fiscalización”, acotó.
Por esa razón, justificó, “queremos dirigirnos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ahora que está en funciones la Sesión Permanente para que solicite a la propia Auditoría Superior de la Federación una opinión técnica de este asunto local”.
