Antonio González Vázquez
El Congreso del Estado dará entrada en su sesión ordinaria del próximo viernes, a una iniciativa ciudadana mediante la que se propone expedir la Ley de Protección al Denunciante y Testigo de Corrupción.
La promueve el abogado José Mario de la Garza Marroquín al advertir que en San Luis Potosí se incrementan los casos de corrupción y por ello, es necesario impulsar la cultura de la denuncia, al tiempo de brindar garantía de seguridad a los denunciantes.
En el ámbito federal, el Senado de la República tiene una iniciativa similar que fue presentada desde hace tres años y continúa pendiente. En algunas entidades del país, se ha promovido otras, pero no han sido aprobadas.
El documento, tiene como una de sus bases fundamentales, la certeza de que la legislación estatal en materia de corrupción, necesita complementarse con medidas sustantivas que apoyen y protejan la denuncia ciudadana de estos hechos y pueda convertirse en un instrumento eficaz para erradicar la impunidad.
Destaca que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, “no contiene ningún mecanismo para facilitar las denuncias y ofrecer protección a los testigos, situación que se replica con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción”.
De la Garza Marroquín detalla en la exposición de motivos de su iniciativa, que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en San Luis Potosí, 81.5 por ciento de la población tiene una percepción de que la corrupción se presenta muy frecuente o frecuentemente, ya que se presentó un incremento de experiencias de corrupción.
En 2017 se presentaron 186 mil 646 operaciones y dos años después, 211 mil 099, lo que representa un aumento de 12 por ciento.
“En cuanto a la tasa de trámites afectados por corrupción por cada 100 mil habitantes, esta se incrementó en un 4.6 por ciento. A pesar de tales incrementos, de acuerdo al INEGI, el porcentaje de denuncia de actos de corrupción en el 2017 era de 8.4, y en el 2019 es de 5.6 por ciento, presentando una disminución considerable y dejando el número total notoriamente disminuido.
Las estadísticas afirman que la corrupción continúa creciendo en la entidad y la baja en denuncias apunta a que se ha comenzado a considerar como un elemento normal en las acciones de los involucrados, a pesar de las afectaciones en general para las instituciones y para los servidores públicos, en tanto que ocasiona la pérdida global de su credibilidad”, refiere el documento que publica la LXII Legislatura en la Gaceta Parlamentaria.
La Ley que se propone se compone de 53 artículos divididos en doce capítulos; cuyo contenido se describe a continuación, resaltando los elementos más importantes de la misma, como la protección a denunciantes y testigos, y los estímulos.
Uno de los objetivos centrales es: “Establecer las normas, procedimientos, medidas y mecanismos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados administrativa o penalmente, y para proteger al funcionario público o a cualquier persona que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos”.
