Fernanda Durán
En diputación permanente, el Congreso del Estado recibió la iniciativa que pretende obligar al Gobierno del Estado, los ayuntamientos e instituciones públicas a brindar la compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, cuando sean responsables de violaciones a los derechos humanos; esta es la tercera ocasión en la que se presenta dicha propuesta.
La iniciativa adiciona un último párrafo al artículo 64 a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, el cual obliga a los entes públicos a llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en el plan de reparación integral que corresponda.
La propuesta de los diputados Rubén Guajardo Barrera y Alejandro Leal Tovías busca que la institución responsable pague para que reciba una sanción directa y la responsabilidad no caiga en la CEEAV.
No obstante, esta reforma ha sido presentada en dos ocasiones previas por Guajardo Barrera, una en la LXII legislatura y otra en la actual gestión.
En ambas ocasiones las comisiones dictaminadoras la determinaron como improcedente argumentando que no hay suficiencia presupuestal para adjudicar esta responsabilidad a los entes públicos.
Al consultar sobre esta iniciativa a la abogada y consultora en enfoque de derechos humanos, Fátima Alvizo, destacó que el rechazo de la iniciativa en dos ocasiones demuestra las prioridades del Estado respecto a las personas víctimas.
Debido a que el problema de fondo tiene que ver con los presupuestos que no se piensan para las víctimas o para las reparaciones integrales del daño, sino que se destinan a construir un perfil político “para otros procesos electorales”, pues mientras se adelgaza la función pública y el aparato burocrático, las distintas administraciones han dedicado más inversión a obras que les dan visibilidad a los gobernantes.
No obstante, advirtió que la propuesta si bien podría parecer positiva para garantizar las reparaciones del daño por parte de las instituciones publicas, también puede ser una puerta de entrada para la malversación de recursos públicos.
“Porque justamente el tema de que se concentre (la reparación del daño) en un solo lugar tiene que ver con a minorar este riesgo”.
Sin embargo, señaló que es un punto de partida para que se tomen en cuenta y consulte sobre el tema a grupos que acompañan victimas de violaciones a derechos humanos como colectivas que acompañan victimas de feminicidio, quienes acompañan a madres y padres buscadores de víctimas de desaparición forzada y otros colectivos.
“No podemos seguir tomando decisiones públicas sin consultar a las victimas de las cuales estamos hablando (…) es importante que pensemos en la pluralidad de pensamientos que tienen los colectivos de víctimas”.
