María Ruiz
La diputada Sara Rocha Medina presentó este martes, en la sesión del Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa que busca modificar los requisitos para la presentación de iniciativas ciudadanas, misma que fue turnada a comisiones, lo que en opinión de expertos representa un intento por restringir la participación política de la ciudadanía.
El abogado e investigador Guillermo Luévano Bustamante alertó sobre el riesgo de esta propuesta, pues consideró que sus implicaciones podrían derivar en un retroceso en los derechos de participación ciudadana.
Luévano Bustamante explicó que, de haber prosperado, la reforma habría podido ser impugnada a través de varios mecanismos legales, entre ellos un amparo contra leyes, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos o una fracción del Congreso, y un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado.
El investigador recordó que San Luis Potosí ha sido pionero en la figura de la iniciativa legislativa ciudadana desde hace casi 30 años; este mecanismo permite que cualquier persona con derechos políticos vigentes pueda presentar una propuesta sin necesidad de representación o porcentaje mínimo de apoyo.
Sin embargo, lamentó que, en la práctica, las iniciativas ciudadanas suelan ser ignoradas.
“Aunque la figura existe, lo cierto es que muchas iniciativas van directamente a la congeladora. Pocas llegan a comisiones y menos aún al Pleno”, comentó.
Para el especialista, la propuesta de la diputada Sara Rocha carece de argumentos sólidos para su aprobación.
“San Luis Potosí se jacta de tener mecanismos de participación innovadores, pero esta iniciativa pretendía reducir el acceso a uno de ellos sin ninguna justificación real”, señaló.
Luévano Bustamante enfatizó que la participación ciudadana en el Congreso del Estado no afecta directamente la agenda de los partidos políticos ni supone un riesgo presupuestal. Por ello, consideró que la intención detrás de la propuesta es incierta.
“No veo cuál es el objetivo de limitar un derecho que de por sí es poco ejercido y que, cuando se usa, rara vez tiene un impacto real”, agregó.
El investigador también advirtió sobre el riesgo de que este tipo de propuestas continúen en futuras legislaturas, pues no es la primera vez que se intenta restringir derechos políticos en el estado.
“En cada legislatura hay intentos de regular las manifestaciones, de restringir la libertad de expresión o de acotar otros derechos políticos”, mencionó.
Luévano Bustamante subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga alerta ante nuevas propuestas de este tipo.
“Es fundamental que la sociedad cuestione y combata este tipo de iniciativas regresivas antes de que se conviertan en norma”, concluyó.
