Por Victoriano Martínez
Podría parecer que el ejercicio del periodismo y la defensa de derechos humanos en el Estado se da en un clima libre de riesgos en tanto no se viven situaciones extremas como en otras partes del país, pero lo cierto es que –aunque poco se habla de ellas– las condiciones para limitar el ejercicio de la libertad de expresión están presentes con una atención simulada por parte de la autoridad estatal.
La exigencia que hace la organización Artículo 19 a la diputada Gabriela Martínez Lárraga y al partido Redes Sociales Progresistas en torno a acciones tendientes a inhibir la labor que durante la última década ha realizado la agrupación Ciudadano Observando, es más que una muestra de los riesgos que también están presentes en el Estado.
A la acción directa de la diputada y su partido, con el agregado de las amenazas por parte del excandidato a gobernador José Luis Romero Calzada, habrá que añadir el silencio del Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se instaló desde el pasado 3 de enero.
Pudo ser que la organización Ciudadanos Observando no haya recurrido al Mecanismo estatal, pero los hechos se difundieron en diversos medios de comunicación, Martínez Lárraga acudió a la Fiscalía General del Estado y difícilmente se podría creer que cualquiera de los integrantes del mecanismo no se hubiese percatado como para considerar la posibilidad de intervenir.
El fiscal General del Estado es uno de los integrantes del Mecanismo.
Una actitud que muestra organismo que debe proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como un ente reactivo en extremo ante unas funciones que tienen mucho de prevención y, por tanto, de exigencia de monitoreo de cualquier situación que pudiera requerir su intervención.
El de Ciudadanos Observando no es el primer caso en el que se da un pronunciamiento desde fuera del ámbito estatal.
El pasado 12 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Guardia Nacional y a las autoridades estatales medidas cautelares para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad de tres defensoras de derechos humanos que fueron víctimas de amenazas de muerte y secuestro por parte de integrantes del crimen organizado.
No se conoce pronunciamiento alguno por parte del Mecanismo estatal. Ni en estos dos casos ni en muchos otros de los que ha dado cuenta la prensa. Tan sólo el panorama que dejó la pasada administración estatal fue de al menos 38 periodistas y 12 defensores de derechos humanos con mecanismos de protección debido a agresiones en su contra.
Desde su convocatoria, instalación y desempeño a la fecha, el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha dado muestras de carecer de genuino ente protector, para limitarse a un mero ejercicio de cumplimiento de los mínimos que ordena la Ley de la materia y dar continuidad a la simulación.
En noviembre pasado se convocó –con muy escasa difusión– a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a participar para seleccionar a dos representantes por cada grupo en el Mecanismo. También se convocó casi en secreto a una consulta para elaborar el reglamento del Mecanismo.
El 3 de enero, los representantes de los defensores de derechos humanos (Luis González Lozano y Carlos Hernández Rivera) y de los periodistas (Samuel Estrada Rodríguez y María José Puente Zavala), se vieron en una sesión de instalación en la que, además, tuvieron que aprobar el reglamento que se les presentó en ese momento, por vencer ese mismo día el plazo para hacerlo.
Aunque a petición de la representación ciudadana se acordó abrir mesas de consulta en las cuatro regiones del estado para revisar y reformar el reglamento aprobado al vapor y corregir el procedimiento, no se ha abierto ninguna convocatoria.
Tan en secreto trabaja el Mecanismo de Protección, que no existe ningún medio por el que se den a conocer sus actividades, como las sesiones, los puntos tratados o cualquier información útil para defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo más que se ha hecho es que esta semana circuló en redes sociales una imagen en la que se pone a disposición de defensores de derechos humanos y periodistas el número telefónico de Verónica Onofre Serment para “cualquier denuncia o urgencia”.
De lo poco que se sabe, por comentarios de distintas personas cercanas al Mecanismo, es que además de la sesión de instalación el 3 de enero, hubo otra sesión en la que Onofre Serment, como coordinadora de la Unidad estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se limitó a leerles la lista de las quejas recibidas.
Desatacaron como casos graves en Ciudad Valles, donde la policía estatal detuvo a dos periodistas y no les reconocían esa calidad por no ser licenciados en ciencias de la comunicación; amenazas a un diario de Matehuala por parte del crimen organizado, y las actitudes de funcionarios como Leonel Serrato, titular de la SCT, y Miguel Gallegos, vocero de Seguridad Pública.
Quienes están cercanos al Mecanismo identifican como un caso que quisieran evadir el de Ana Dora Cabrera, porque además de señalar violencia por parte de Omar Niño y el excandidato panista a gobernador Octavio Pedroza, ha señalado a la propia diputada Martínez Lárraga de obstruir que avance su caso como presidente de la comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Si algo se da en torno al Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son malas señales que a más de seis meses de gobierno y tres de su instalación, dan cuenta de un acto más de simulación y nulo compromiso con el tema.
La sesión de instalación del 3 de enero se dio sin la asistencia de José Guadalupe Torres Sánchez como presidente, el fiscal General del Estado y de la representante del Congreso del Estado… Gabriela Martínez Lárraga.
La exigencia que hace la organización Artículo 19 por el caso Ciudadanos Observando, la petición de la CNDH por tres defensoras de derechos humanos, la opacidad del Mecanismo de Protección y el nulo compromiso público de sus integrantes gubernamentales son indicadores de que el ejercicio de la libertad de expresión en el Estado no está libre de riesgos… y se puede agravar.
