Por: Eduardo Delgado
Originado del despido injustificado de tres trabajadores en 2010, hace aproximadamente un año la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) -organismo público de Gobierno del Estado- fue condenada a pagar tres millones de pesos por concepto de laudos laborales que a la fecha no ha saldado, gracias a la complicidad del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), presidido por Rosa de Guadalupe Cervantes Gamboa.
El representante legal de los afectados, Luis Ignacio Almendarez, informó que el lunes acudió a las oficinas del CEFIM, localizadas en el parque Tangamanga II, junto con el actuario del TECA, para dar cumplimiento al embargo ordenado por el titular del Juzgado Segundo de Distrito, como resultado de la resolución del amparo 78/2015.
“El laudo fue dictado aproximadamente hace un año y no se ha cumplido, inclusive a pesar de que la justicia federal otorgó un amparo en el cual se ordenó darle celeridad al procedimiento de ejecución, sin embargo las autoridades han sido omisas”, se quejó el litigante.
Porque, explicó, el tribunal debe hacer cumplir los laudos pero no le a aplicado al organismo estatal las medidas de apremio para obligarle a cumplir los laudos, condenó.
A su vez los apoderados jurídicos del CEFIM, a cargo de Magdalena Vega Escobedo, “han dilatado el procedimiento, mediante artilugios legales que los abogados llamamos “chicadanadas”, para evadir la justicia”,
Precisó que este lunes, en las oficinas de la coordinación para el fortalecimiento de los municipios potosinos, se realizó el señalamiento de los bienes susceptibles de embargo, “pero la presidenta del TECA determinó que no eran embargables, lo que haría incobrables los laudos”, advirtió.
El litigante insistió en que el tribunal debe hacer cumplir los laudos “pero en la realidad no hay los medios para ejecutarlos, pues es gobierno contra gobierno”.
“Hicimos del señalamiento de todos y cada uno de los bienes…, el problema es que el tribunal no es autónomo y así nunca se van a poder cobrar, pues no obstante que la justicia federal les está presionando son omisos en aplicar correctamente la ley”,
