Por Victoriano Martínez
Las precampañas por la gubernatura iniciadas hace dos semanas han exhibido, hasta ahora, aspirantes que anteponen su interés proselitista a la protección de la salud; autoridades electorales que se limitan a emitir un protocolo y no emprenden ninguna acción para la protección sanitaria de la población, y autoridades de salud que se limitan a llamados que son ignorados.
No se trata solamente de llamar a la población a que no asista a los mítines o de pronunciarse por que los precandidatos cuiden las medidas sanitarias en sus actos proselitistas, los ciudadanos tienen derecho a saber los niveles de riesgo de los actos a los que son convocados, así sean en grupos pequeños o en reuniones multitudinarias, para que estén en posibilidad de decidir participar o no.
En el punto 6.1 del Protocolo sanitario para garantizar la salud de la ciudadanía durante las etapas de obtención del respaldo ciudadano, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se limita a llamar a los aspirantes a atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a respetar las determinaciones de las autoridades sanitarias.
“Es importante que, al plantearse llevar a cabo una concentración multitudinaria, las y los organizadores se pongan en contacto con las autoridades sanitarias para determinar cuál es el nivel de riesgo aceptable y cuáles son las medidas adicionales necesarias para mitigar los riesgos”, señala para agregar que se deben sanitizar los lugares cerrados previo a los eventos que se programen.
Un Protocolo sanitario que se limita recomendaciones a los precandidatos en el que nuevamente están ausentes los derechos de los ciudadanos en su calidad de electores y su nulo reconocimiento como actor principal del proceso electoral, sobre todo cuando los politiqueros aspirantes han demostrado que poco les preocupa la salud de los votantes. Basta ver sus redes sociales.
El CEEPAC y las autoridades sanitarias quedan muy lejos de cumplir con la “obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, que establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional.
No sólo dejan de proteger el derecho a la salud de los electores ante el riesgo sanitario en que se han convertido los precandidatos, sino que también dejan de garantizar a los ciudadanos su derecho a la información necesaria para poder participar con seguridad en todas las etapas del proceso electoral; su participación no se limita a presentarse a las urnas a votar.
Un derecho que forma parte de las medidas que prevé la OMS en las herramientas desarrolladas a propósito de la pandemia, que incluso permiten establecer una puntuación numérica para determinar categorías de riesgo (muy bajo, bajo, moderado, muy alto), que se requieren revisar periódicamente.
“Los organizadores de eventos deben realizar la evaluación de los riesgos en colaboración con las autoridades locales y nacionales de salud pública”, señala la OMS en un documento de Consideraciones relativas a las concentraciones multitudinarias en el contexto de la COVID-19, y agrega:
“Es fundamental comunicar claramente al público los resultados de la evaluación de los riesgos de la concentración multitudinaria a fin de generar confianza y asegurarse de que la población conoce y comprende, las decisiones relativas a la reanudación de las concentraciones multitudinarias”.
El Protocolo sanitario del CEEPAC menciona sólo una vez la evaluación de riesgos, pero como una referencia a que existen en las publicaciones de la OMS que “tanto los partidos políticos como los precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos deben considerar”. Ni establece obligación de hacerlas, ni mucho menos de comunicarlas a los ciudadanos, a quienes menos toman en cuenta.
Hasta ahora, las precampañas han mostrado que ni los partidos políticos, ni los precandidatos, ni las autoridades electorales, ni las de salud realizan actos concretos, y no meros pronunciamientos, para proteger los derechos de la ciudadanía y la población en general… y eso que se trata de un proselitismo dirigido a la militancia.
¡Vaya presagio para las campañas en 2021!
