Estela Ambriz Delgado
La manera de operar de las empresas asociadas al conglomerado de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, que promueven un proyecto extractivista en el ejido Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, obedece a un modelo clásico de acoso al territorio del régimen neoliberal, que se contrapone con la reciente postura que se ha expresado desde la Procuraduría Agraria Nacional en contra de que se privaticen las tierras ejidales.
En este sentido, el Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier señaló es necesario que el Gobierno Federal y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informen si ya le dieron curso a un manifiesto de impacto ambiental, pues podría haberse dado una alianza entre el Gobierno del Estado y la empresa CEMAT Construction, con el aval del ejecutivo federal.
El frente puntualizó que aunque el Gobierno del Estado afirma que se trata de una cementera, no pasa desapercibido el hecho de que existen dos concesiones de oro y plata, una de estas con superficie de 210.9 hectáreas, expedida el 10 de diciembre de 2013 con una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2063; y la segunda de 204 hectáreas, expedida el 15 de diciembre de 1998 vigente hasta el 14 de diciembre de 2048.
Además, apuntó que la manera de operar de la empresa es un modelo clásico del acoso al territorio que se aplicó durante el régimen neoliberal que consistía en cuatro elementos: primero una prospección del terreno, es decir, la certeza de que existiera algún tipo de recurso renovable o no renovable que pudiera tener viabilidad para un proyecto de explotación.
El segundo, el hacerse de los derechos de explotación al adquirir la concesión a quienes la detentaban para consolidar el potencial proyecto, y va de la mano el tercero, que es romper el tejido social para apoderarse de los terrenos.
El colectivo indicó que este tercer elemento las empresas lo logran a través de la realización de acuerdos con las fuerzas políticas gobernantes, en este caso el Ayuntamiento de Villa Hidalgo y probablemente el Gobierno del Estado para después, de manera conjunta, controlar el órgano de representación ejidal y trabajar con los liderazgos sociales y políticos de la comunidad; temas que van desde el ofrecimiento de obras, el asistencialismo y sobre todo la corrupción de los líderes, a fin de manipular la voluntad comunitaria, no nada más de los ejidatarios sino del poblado, y crear un escenario de beneficio y de irremediable explotación.
El cuarto se trata de obtener las licencias, las autorizaciones que son de carácter ambiental, agrario, y en este caso el minero, que es tener ya las facultades para llevar a cabo el proceso no de exploración, sino de explotación, pues la exploración ya fue realizada a través del proceso de barrenación y extracción de muestras que llevó a cabo Servicios Drilling.
“Seguramente ellos ya tienen una factibilidad absoluta de lo que puede haber ahí”.
Asimismo, el FAO hizo mención que para el desarrollo del proyecto se requiere una Manifestación de Impacto Ambiental, lo que ya puede estar desarrollado, y habría que preguntarle de manera directa a la Semarnat si ya le dieron curso a alguno, pues es importante que la autoridad lo defina.
La contradicción con la Procuraduría Agraria
En un análisis del tema agrario, el colectivo observa que en primer lugar piden un contrato de usufructo, es decir, una renta que viene establecida en la Ley Agraria, sin embargo, en ese modelo de contrato nunca especifican para qué va a ser.
Posteriormente, plantean la adquisición del dominio pleno, una promesa de privatización del polígono de tierras, pues lo que quieren es hacer una simulación de asignación de tierra para los mismos empresarios como se ha hecho en otros ejidos de todo el país, y en el estado en los ejidos Capulines, Jesús María y Rodrigo, en el municipio de Villa de Reyes, y otros del área conurbada.
“Hacen una asamblea para cambiarle el destino al uso común, lo hacen parcela y haces que la gente que quede reconocida como ejidataria o posesionaria de las parcelas adquiera el dominio pleno, y luego de eso llevar a cabo todo el proceso como si se tratara de una propiedad privada”.
El FAO señaló que esta privatización de las tierras ejidales choca con la visión que ha expresado el titular de la Procuraduría Agraria a nivel federal, Víctor Suárez Carrera, quien ha sido reiterativo en que esto ya no puede suceder.
Asimismo, en los foros de diálogo sobre Plan Nacional de Desarrollo que se llevaron a cabo en febrero de este año, este tema del cambio de destino y la privatización de tierras ha generado un posicionamiento radical en contra, pues inclusive hace algunos meses el Registro Agrario Nacional (RAN) dio a conocer un informe de la privatización de tierras en México, que ha llevado a que un puñado de ricos se queden con las tierras de cientos de miles de ejidatarios en toda la República, alrededor de 300 mil parcelas y 4 millones de hectáreas.
La gravedad de la posible explotación minera
El FAO apuntó que el hecho de que en la oferta que hace CEMAT a los ejidatarios ni siquiera mencione sobre que proyecto se trata, enciende las alarmas de una potencial explotación de oro y plata a futuro, dado que en el objeto social de la empresa también incluye actividades mineras, además de que la extensión del terreno excede por mucho las dimensiones de un proyecto cementero.
Aunque hacen mención de que existen indicios de que se trata de un proyecto de material para construcción, esto no significa que se cierre la posibilidad de que más adelante se modifique hacia la explotación minera, que está dentro de las actividades posibilitadas de la empresa.
En este sentido, se subrayó que, de modificarse a una extracción minera, lo más grave es el modelo que utilizarían, pues la posibilidad del método de tajo a cielo abierto es sumamente agresiva para el ecosistema y demanda millones de metros cúbicos de agua, que dado el agotamiento de los acuíferos en el estado y la sequía en aumento, resulta alarmante.
“En caso de que haya extracción de minerales podrían usar un método de cielo abierto, que implica hacer boquete a Corcovada, y luego, ¿de dónde van a sacar el agua? O sea, son miles y miles, millones de metros cúbicos los que necesita un proceso de esta naturaleza. De por sí los acuíferos de San Luis Potosí se encuentran en una situación crítica, es un proyecto terrible, bárbaro”.
Finalmente, el colectivo dijo tener confianza en el gobierno de la república, principalmente por lo expresado por el procurador agrario, quien hace unos meses visitó directamente los núcleos agrarios inmersos en la Sierra de San Miguelito y reiteró que es necesario frenar la privatización de tierras ejidales.
