Por Victoriano Martínez
“Yo no quiero arrancar esa obra hasta que esté plenamente garantizada su viabilidad ciudadana”, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos el 28 de noviembre de 2022 al referirse al puente deprimido proyectado a un costado del templo de El Saucito.
Galindo Ceballos ya había realizado desde el 22 de febrero de ese mismo año un pago por 2 millones 710 mil 826.20 pesos (fila 283) a la empresa Mantenimiento Integral, S.A. de C.V. para la elaboración de dos proyectos: (1) “paso inferior vehicular en carretera a Zacatecas a la altura de El Saucito” y (2) “prolongación de la Avenida Hernán Cortés al oriente de Damián Carmona”.
“Queremos que sea una obra que se haga con mucha transparencia, eso creo que es lo más importante”, dijo aquel mismo día y afirmó que “ya se hicieron todos los estudios”.
Ni se intentó arrancar la obra “plenamente garantizada su viabilidad ciudadana”, ni ha sido un proceso transparente, ni se habían realizado todos los estudios, según se pudo saber en los días que siguieron al madruguete que se quiso hacer a los vecinos de El Saucito a la una de la mañana del 12 de julio, ante las protestas de los vecinos de la zona.
Todavía hoy Galindo Ceballos no tiene garantizada la viabilidad ciudadana de la obra, no informa con transparencia sobre las negociaciones con los vecinos y mientras un regidor revela que la obra se descartó él insiste en que sólo tendrá ajustes, y no existe certeza sobre la realización de los estudios requeridos para la obra, pues ha sido incapaz de hacerlos públicos.
Su insistencia en realizar la obra así sea con algunos ajustes, a pesar de que el rechazo ciudadano ha logrado impedirla hasta ahora, tiene una explicación: tratar de imponerla como lo hizo en 2018 el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez lo ha hecho recorrer con precisión la misma ruta que entonces terminó con una multimillonaria irregularidad.
En ambos casos, intentaron imponer la obra sin los estudios necesarios, sin buscar el consenso con los vecinos y cuando quisieron iniciarla los vecinos lo impidieron e iniciaron una serie de protestas que en 2018 la cancelaron y hoy prácticamente ya ocurrió la cancelación, salvo la insistencia de Galindo Ceballos.
Pero Galindo Ceballos no sólo ha replicado ese recorrido hecho por Gallardo Juárez, sino que hasta lo ha superado en el episodio más grave del proceso que, en el caso anterior, terminó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Auditoría Superior de la Federación por un desvío de recursos públicos calificado como obra pagada no realizada.
El 1 de abril de 2019, los entonces funcionarios municipal Alicia Nayeli Vázquez, síndico; Sebastián Pérez, secretario, y José Mejía Lira, contralor, informaron sobre la denuncia presentada ante la FGR por pagos irregulares por 106 millones 153 mil pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero del gobierno federal para el puente deprimido en El Saucito.
Por su condición de pagos irregulares provenientes de un fondo federal provocaron el reclamo de devolución de los recursos que incentivó la presentación de la denuncia ante la FGR, pero también gestiones ante las empresas beneficiadas para que reintegraran los recursos, de los que la administración municipal pasada recuperó 55 millones 760 mil 866 pesos.
Cuando a Galindo Ceballos se le cuestionó sobre ese procedimiento, aseguró que el caso no estaba en sus manos y “no me toca propiamente estar en ello”.
En lugar de trabajar por la recuperación faltante sobre los pagos por una obra no realizada, a menos de un año del “no me toca”, resulta que en su intento por lograr la obra con la que fracasó Gallardo Juárez prácticamente le sigue los pasos: Galindo Ceballos ha pagado 161 millones 131 mil 921.03 pesos por una obra a punto de volverse no realizada.
Los pagos realizados a las empresas ganadoras de las 10 licitaciones relacionadas con el puente deprimido de El Saucito han sido confirmados en la relación de egresos del Ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Igual que en la ocasión anterior, provienen de un fondo federal que hay que reintegrar si no se utiliza. La urgencia por realizar la obra ya no parece tanto por imponer el proyecto (que no deja de tener parte de eso) sino por evitar incurrir en la misma irregularidad de una obra pagada no realizada… y evitar negociar indemnizaciones y la devolución de los recursos erogados.
De acuerdo con el modelo de contrato, sólo le tendría que pagar a los contratistas los trabajos ejecutados (que no hay), “así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, y se relacionen directamente con el presente contrato”.
Difícil que tal indemnización justifique los 161 millones 131 mil 921.03 pesos erogados. ¿De verdad será preferible imponer la obra sobre la voluntad de los vecinos de El Saucito a negociar con las ganadoras de las 10 licitaciones la recuperación de los recursos? ¿O Galindo Ceballos pretende completar la ruta de Gallardo Juárez?
