Por Victoriano Martínez
El regidor Arturo Ramos Medellín reveló la cancelación de las obras relacionadas con el puente deprimido en Fray Diego de la Magdalena a un lado del templo de El Saucito, que ya se comenzó a platicar sobre alternativas para usar los recursos que se tenían previstos para ese proyecto y advirtió que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar a los constructores.
Un panorama que comienza a perfilar una repetición de lo ocurrido en 2018, en el primer intento de construir ese puente subterráneo encabezado por el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, cuando después de suspenderse la siguiente administración municipal la denunció ante la Auditoría Superior de la Federación como obra pagada no realizada.
En enero pasado, el Ayuntamiento concluyó diez procesos de licitación de obras relacionados con el proyecto vial de El Saucito por un monto de 378 millones 348 mil 374.88 pesos.
El 4 de enero se emitió el fallo de ocho licitaciones que asignaron obras por 178 millones 832 mil 603.04 pesos, cuya firma de contrato debió realizarse el 18 de enero y programó el inicio de la obra al día siguiente.
El fallo de las otras dos licitaciones se dio el 10 de enero, con fecha para firmar el contrato el 24 de enero y, como en el caso anterior, se programó el inicio de las obras al día siguiente.
Esos datos resultan relevantes en tanto que en el modelo de contrato de esas obras se incluye una cláusula de “anticipos” que los fija en el 30 por ciento de la asignación aprobada al contrato y señala que “deberá ser con antelación a la fecha de inicio de los trabajos pactados”, es decir, en ocho casos debieron otorgarse antes del 19 de enero y en los otros dos antes del 25 de enero.
Por los primeros ocho contratos el Ayuntamiento debió entregar un anticipo de 53 millones 649 mil 780.91 pesos, en tanto que por los otros dos 59 millones 854 mil 731.55 pesos. Un total de 113 millones 504 mil 512.46 pesos, una cifra muy similar a la denunciada en 2019 como obra pagada no realizada.
¿Se pagaron o no esos anticipos? Se trata de una de las primeras aclaraciones que tendrá que hacer la autoridad municipal. Si no se otorgaron los anticipos, entonces tendrá que aclararse la razón por la que, desde entonces, las obras estuvieron suspendidas y de qué manera se acordó con las empresas ganadoras de las licitaciones.
Una suspensión de las obras previstas también en el modelo de contrato en la cláusula décima quinta:
“EL AYUNTAMIENTO podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva.
“El presente contrato continuará produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión”.
La revelación que hace Ramos Medellín, en sentido estricto, significa que no desaparecieron las causas que motivaron la suspensión, lo que no despeja la duda: ¿Se pagaron o no los anticipos? Si se pagaron, ¿de qué manera se va a gestionar su devolución?
El regidor señala que habrá de pagarse indemnizaciones a los constructores que ganaron las licitaciones.
Una penalización que en el modelo de contrato no queda muy clara la forma de cuantificarlo, pues se limita a señalar que “EL AYUNTAMIENTO pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados, y se relacionen directamente con el presente contrato”.
Si las razones de la suspensión de la obra fueron prácticamente del dominio público como resultado de las movilizaciones que provocaron las inconformidades, ahora los procedimientos que implica su cancelación, especialmente lo relacionado con el manejo de anticipos y finiquitos, exige mayor transparencia para eliminar la sospecha sobre pagos por obras no realizadas.
