María Ruiz
San Luis Potosí enfrenta nuevamente una crisis de movilidad tras el siniestro vial en el puente peatonal de avenida Salvador Nava, donde un automóvil a alta velocidad se impactó contra la estructura.
Este hecho no solo evidenció los riesgos de la infraestructura urbana, sino también la falta de una estrategia integral de seguridad vial, señala Lois Muñoz, experta en movilidad y una de las principales impulsoras de la #LeySanti.
Para Muñoz, el problema no radica únicamente en la afectación al puente, sino en la causa original: la velocidad excesiva de los automóviles y la ausencia de medidas efectivas para reducirla.
“Esto no es la primera vez que ocurre y va a seguir ocurriendo si no se toman las medidas necesarias para que la infraestructura obligue a los conductores a reducir la velocidad”, advierte.
Tras el siniestro, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí implementó una medida provisional: un camión de seguridad pública traslada a las personas que necesitan cruzar la vialidad.
Sin embargo, Muñoz considera que esta solución es insostenible a largo plazo y perpetúa la priorización de los vehículos sobre las personas.
“Ya cruzar un puente peatonal implica una inversión de tiempo para las personas usuarias, ahora tienen que esperar a que el autobús esté disponible. En lugar de atender el problema de raíz, prefieren darle mil vueltas antes que reconocer que lo importante es la movilidad de las personas”, señala.
Desde su perspectiva, la solución no debería centrarse en la reparación del puente, sino en replantear la infraestructura vial para garantizar cruces seguros a nivel de calle.
Muñoz cita como ejemplo la avenida Atlixcáyotl en Puebla, donde la presión social logró la implementación de un paso peatonal a nivel, obligando a los vehículos a reducir su velocidad y disminuyendo así el riesgo de atropellamientos.
Muñoz también recordó un compromiso firmado por Enrique Galindo durante su campaña: garantizar que cualquier obra pública incluyera banquetas accesibles, amplias y sin obstáculos, pero hasta ahora estas promesas han quedado en el aire.
“El gobierno sigue viendo estos problemas con una visión a muy corto plazo. Llevamos cuatro años intentando dialogar sobre el derecho a la movilidad y parece que aún no lo tienen claro. Siguen sin entender que no están entendiendo el problema”, concluye.
