Fernanda Durán y Abelardo Medellín
Los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) anunciaron que el 17 de noviembre presentarán la iniciativa para que los establecimientos ya no puedan cobrar por la permanencia en sus estacionamientos.
El diputado José Luis Fernandez Martinez afirmó que la intención es que la reforma se apruebe antes de que termine este periodo ordinario de sesiones, el próximo 15 de diciembre.
Por su parte, el legislador René Oyarvide Ibarra indicó que la propuesta buscará que los comercios absorban el costo del estacionamiento de sus clientes.
“Si tú vas a un centro comercial y vas a hacer compras, y si estás gastando dinero, tenemos que ver que estos comercios se absorbieran el estacionamiento como se hace en algunos lugares”.
Respecto a la seguridad de los estacionamientos, los legisladores aseguraron que el cobro no tiene que implicar la reducción de los niveles de seguridad, e incluso tendrían que involucrarse “los ayuntamientos y las fuerzas estatales para garantizar la seguridad en estos recintos”.
“Nosotros creemos que si bien es cierto un tema importante, no existe justificación para generar los cobros que se estan generando el día de hoy (…). Los ciudadanos consideran que no es un cobro correcto ni justo, y nosotros estamos abanderando esta petición”.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dio conocer que impulsaría esta reforma para que entre en vigor en enero de 2024.
De acuerdo con el mandatario, la obligación de los centros comerciales es tener cajones de estacionamiento para los compradores. Sin embargo, aseveró que permitirles cobrar podría derivar en que incluso los OXXO’s quieran cobrar por el uso de sus cajones frontales.
“De rato hasta los OXXO’s van a tener ahí afuera su plumita para que entres al estacionamiento del OXXO y te cobren en la caja del OXXO, ahora te van a abrir la segunda caja para cobrarte el estacionamiento, imagínate”, ironizó.
Gallardo Cardona afirmó que este tipo de cobros debe prohibirse, pues representa un negocio para los centros comerciales.
“No nada más les pagas el dinero de lo que consumes en tiendas, sino también les pagas el boleto de estacionamiento cuando es por ley que te tiene que dar estos espacios”, afirmó.
La prohibición del cobro de estacionamiento en estos negocios no es una novedad, pero lograr implementar una iniciativa así ha demostrado ser complicado a nivel país.
En 2020, el legislador Mauricio Ramírez Konishi, quien también es diputado en la actual legislatura, afirmó que en la Ley de Ordenamiento Territorial de 2018 se establecía la prohibición del cobro de estacionamiento en los centros comerciales, lo que generó una serie de amparos y por ello seguían cobrando, de tal manera que en esta nueva ley se les permite el cobro de considerarlo necesario, ya que se trata de un lugar privado.
“En lo particular soy de la idea de que los centros comerciales no le deben cobrar el estacionamiento a los clientes, pero finalmente eso ya está normado bajo las condiciones que hemos mencionado”, comentó.
Los casos de amparos por propuestas como estas se dieron en diversos estados de la República, como Nuevo León o Michoacán, donde al menos ocho empresas que promovieron juicios de amparo contra la reforma al Código de Desarrollo Urbano que obligaba a los comerciantes de una plaza a proporcionar espacios de estacionamiento gratuito a sus clientes.
Uno de los pocos casos de éxito en este sentido fue el juicio de amparo con número 189/2022, en el cual Comercial City Fresko, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, se declaró agraviada por un proyecto que pretendía otorgar espacios estacionamiento gratuito en centros comerciales a personas con discapacidad.
Después de una batalla legal que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se resolvió no amparar ni proteger a la empresa, debido a que la justicia federal interpretó lo siguiente:
“El servicio de estacionamiento se trata de un servicio público supeditado al interés general y la intervención que realice el Estado mediante la configuración jurídica correspondiente […] con la finalidad última de garantizar un beneficio colectivo en favor de un grupo vulnerable como las personas con discapacidad”.
