Eric Briones fue designado durante la gestión de Almazán Cué
Abelardo Medellín
Sin tener el perfil profesional adecuado para el encargo, el arquitecto Eric Briones Méndez ha ocupado por los últimos tres años el puesto de gestor regional en San Luis Potosí, donde funge como encargado del Centro Integral de Justicia Penal, donde se encuentra en el Centro de Reinserción Social conocido como La Pila; dicho perfil no solo viola lo estipulado en ley del Poder Judicial, sino que ha entorpecido los procesos penales de abogados desde que tomó protesta.
LA HISTORIA Y LA LEY
De acuerdo con el artículo 27 del acuerdo general centésimo primero del Pleno del Consejo de la Judicatura en San Luis Potosí, que señala las atribuciones a las categorías del sistema penal acusatorio, uno de los primeros requisitos ahí señalados es “contar con título profesional debidamente registrado de licenciado en Derecho o disciplina afín”.
Pese a lo expuesto en esta ley, Briones Méndez no sólo no cumple con el requisito primordial, sino que se puede constatar su carrera como arquitecto sólo revisando su firma en documentos oficiales; como el oficio CJIP/RI/SLP-2067/2020, documento con asunto de “libertad”, donde al final figura la firma de Eric Briones y se puede leer la leyenda debajo “ARQ. ERIC BRIONES MÉNDEZ”.
Y aunque el gestor regional no pretende esconder su perfil de arquitecto, quienes lo nombraron desde que tomó protesta, sí, pues en una nota informativa de comunicación social del Poder Judicial del 31 de agosto del 2017, se informa del nombramiento de Erick Briones, pero en sólo se expone que tomó protesta el Lic. Eric Briones Méndez.
Cabe mencionar que en esa nota informativa y las fotografías que incluye aparecen el entonces presidente del STJE, el magistrado Juan Paulo Almazán Cué, quien entonces encomendaría a Eric Briones para que su trabajo contribuyera a mejorar el aspecto administrativo del sistema penal acusatorio.
LA CULPA NO ES DEL GESTOR, SINO DE QUIEN LO PUSO
Sobre el tema de perfiles inadecuados ocupando puestos importantes en el orden jurídico de San Luis Potosí, hablamos con el presidente del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, José Enrique Hernández Narváez, quien dijo que “estas personas llegan a dichos puestos por el dedo mágico del presidente en turno, es decir, por la mera designación, no tienen el perfil, no existió concurso ni nada hacia eso”.
A la pregunta expresa de si Eric Briones Méndez pudiera tener alguna experiencia mínima para ocupar el cargo de gestor regional, José Enrique Hernández puntualizó que “definitivamente no, ahí debe estar un abogado que tenga la sensibilidad de entender a los compañeros abogados, porque es un puesto administrativo”.
Según Hernández Narváez, el puesto que ocupa actualmente Briones Méndez, no debería estar ocupado por un arquitecto, “sino por alguien con preparación jurídica, incluso nosotros le comentamos esto al presidente pasado del Tribunal [Juan Paulo Almazán Cué] y nos prometió retirarlo del cargo y hasta la fecha no lo han cambiado”.
Asimismo, consideró que el nombramiento inadecuado de Eric Briones como gestor regional es sólo uno de los problemas que ha provocado dicho titular en el área jurídico penal de San Luis Potosí, pues el mismo arquitecto, en su papel de gestor regional, no recibe a los abogados en su despacho:
“No te recibe, manda al segundo a bordo, que sí es abogado y sí le entiende y es quien trabaja con los abogados ¿por qué? porque el administrador de sala debe tener algunas habilidades sobre las audiencias, pero eso te lo da la experiencia y el conocimiento”.
Hernández Narváez expresó que el trabajo de Eric Briones Méndez como encargado del Centro de Justicia en el Estado ha dificultado los procesos penales y prueba de ello es lo que hizo con algunas de las salas:
“se habían implementado áreas para que estuvieran las partes, para que el presunto y la víctima no se vieran y este personaje agarró estas áreas y se las asignó a personal […] ¿qué es lo que sucede?, pues la víctima, tú que fuiste agraviado, ofendido, etcétera, ahora tiene que estar viendo al ‘presunto’ de frente y tiene una implicación emocional”.
Recalcó que designaciones como la de Eric Briones no sólo afectan al orden jurídico del estado, sino que cuestan dinero al Gobierno del Estado por los errores que se cometen al no tener experiencia en la administración y le cuestan a la ciudadanía por ser “un daño provocado por alguien que no está capacitado, no conoce y no tiene la habilidad”.
Enrique Hernández agregó que la mejor forma de evitar que se den puestos importantes a personajes sin el perfil adecuado es que “todos deben ser puestos a prueba”, además de decir que sería importante que se consulte con las barras de abogados para que puedan dar recomendaciones de perfiles afines que puedan cumplir con las labores al interior del Poder Judicial.
Sobre lo anterior, comentó: “en el 2020 el Poder Judicial ha contratado 42 personas, de estas 42 personas, no hubo ninguna comunicación con asociaciones de abogados para decirnos ‘mándanos tres sujetos o cinco sujetos’; no porque nosotros seamos una agencia de colocación, sino porque podemos mandar los mejores profesionistas que conocen el tema, porque a final de cuenta al momento que mandamos a alguien malo, nos hacemos la maldad nosotros […] de estos 42 que entraron no hubo perfil, algunos no son ni abogados y ahí están”.
De la misma manera, aseguró que con la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia por COVID-19, es muy probable que hayan llegado al Poder Judicial trabajadores que sólo sean aviadores que no conozcan de la profesión legal.
