Por Victoriano Martínez
“Golpeteo político”, “golpeteo natural”, “guerra sucia”, “campaña negra”, “guerras de lodo” se dice en el argot politiquero como defensa ante la difusión de cualquier señalamiento que incomode o pueda afectar la reputación del personaje en cuestión, sea hombre o mujer.
Que si se revela que el SAT mantiene vigente una denuncia por evasión fiscal por más de nueve millones de pesos contra el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, la reacción no es demostrar públicamente que se está al corriente en el pago de impuestos (lo más lógico), sino acusar a quien reveló el dato de hacerlo por consigna de los enemigos con fines de golpeteo.
Que si en una sesión de Cabildo se cuestiona al alcalde Xavier Nava Palacios por el excesivo gasto en propaganda, la mejor defensa disponible es señalar al regidor gallardista haber sido parte de una administración que gastaba mucho más, como si fuera el argumento más válido para justificar un dispendio, que no deja de serlo porque el otro sea mayor.
Que si se revelan pagos a empresas inexistentes por parte de los Servicios de Salud y se relaciona a Mónica Rangel, titular de la dependencia, con uno de quienes encabezan a un grupo de esas empresas, para ella es una distracción de su función actual, en tanto que desde el PRI, en lo que resulta un candidateo indirecto de la funcionaria para 2021, se califica de “golpeteo natural”.
Que si la diputada Sonia Mendoza Díaz aparece en el diario Reforma en una lista de senadores que votaron a favor de la reforma energética con la presunción de que pudieron haberlo hecho a cambio de un soborno, y medios locales lo retoman, alcanza para afirmar que “la política potosina sigue siendo de machos, donde una mujer no puede aspirar a más, porque empiezan las guerras de lodo”.
Las guerras de lodo no empezaron ni se terminarán con lo publicado por Reforma y replicado localmente. El “golpeteo político”, “golpeteo natural”, la “guerra sucia”, la “campañas negras”, las “guerras de lodo” hace años que forman parte de la politiquería que se desata entre quienes desvirtúan los procesos para acceder a los cargos públicos de elección popular.
Una politiquería que se allana a una falacia argumentativa instrumentalizada a partir de esos calificativos para evadir hacer frente directo a los señalamientos. En lugar de hablar de éstos, se les descalifica con una etiqueta que, de paso, los victimiza con la intención de no ver afectadas sus aspiraciones que –defendidas de esa manera– es más lo que ocultan que lo que aclaran.
