Marcela del Muro
La mañana del 20 de junio, aquella en la que nos despertamos con la noticia de un enfrentamiento armado afuera del Penal, en la delegación de La Pila, en San Luis Potosí, las familias de personas desaparecidas amanecieron con el anuncio de que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) se volvía a quedar sin encargado. En los últimos tres meses, tres personas han ocupado este puesto.
En abril, Martín Serrano Gómez asumió el cargo de comisionado estatal de búsqueda de personas. Dos meses después, el Gobierno del Estado lo destituyó y le dio la dirección de Tecnología en Seguridad Pública (C5). El movimiento se dio a raíz de la balacera en La Pila: las cámaras de seguridad del C5 no se encontraban en funcionamiento a la hora del ataque y el anterior titular de la dependencia, Leobardo Aguilar Orihuela, fue destituido. Este cambio fue noticia porque el Estado se encargó de comunicarlo.
Lo que no comentó fue quién se quedaría encargado de la CEBP. Un puesto primordial porque San Luis Potosí, al igual que gran parte del territorio mexicano, atraviesa una crisis de violencia y desaparición de personas. Los días posteriores al nombramiento, Edith Pérez Rodríguez, directora del colectivo de familias de desaparecidos Voz y Dignidad por los Nuestros, denunció que el funcionario despedido, Aguilar Orihuela, sería asignado como el encargado de la Comisión.
“Destituyen al del C5 por inepto, pero ponen al comisionado nombrado recientemente y lo llevan a tomar protesta sin decir agua va, y sin prever todo lo que genera este cambio para nosotros”, dijo la directora del colectivo en el noticiero Aristegui Noticias del pasado 22 junio.
Tras el rechazo de las víctimas, Fernando Martínez Cabrera, el delegado de la Comisión en la zona Huasteca, fue nombrado encargado de despacho de la CEBP. No obstante, una semana después, el 6 de julio, el Gobierno del Estado nombró nuevamente a Leobardo Aguilar Orihuela como encargado de la Comisión, sin consultar a las familias de los desaparecidos.
El artículo 24 de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, indica que, para el nombramiento del titular, la Secretaría General de Gobierno realizará una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de derechos humanos y búsqueda de personas.
Para Edith, es notorio que “hay una total falta de interés del gobernador por encontrar a nuestros desaparecidos”. Ella busca a sus dos hijos, Alexis y José Arturo Domínguez, de entonces 16 y 20 años; sus sobrinos, Milinaly Piña y Aldo Pérez, de 13 y 20 años; y su hermano Ignacio Pérez Rodríguez, de 53 años; desaparecidos en agosto de 2012, cuando regresaban de viaje de la frontera norte a Tamuín.
Ella da acompañamiento a los familiares del colectivo y afirma que desde el 2021, se ha visto un aumento en los casos de desaparición de personas en el estado; pero las investigaciones y búsquedas de las víctimas han sido canceladas por falta de planeación y recursos; también asevera que existe una crisis forense.
“Hablamos de que hay cerca de 800 cuerpos sin identificar sólo en la fosa común del Saucito”.
En México la desaparición de personas es una crisis humanitaria. El pasado 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) superó las 100 mil personas desaparecidas, más de 100 mil personas que faltan en sus familias.
La crisis forense también es una realidad en el país, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas informó que existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en el país; si se mantienen las condiciones actuales, se necesitan 120 años para identificar a todas las personas fallecidas hasta ahora.
Localmente, el Registro Nacional nos indica que, de 2006 a junio de 2022, existen 553 personas desaparecidas en San Luis Potosí; aproximadamente el 75 por ciento son hombres y el 25 mujeres. El 2021 es el año donde más personas continúan ausentes, con 92 desaparecidos y 12 no localizados –que no se conoce su paradero, pero por los indicios no existe delito–. Sin embargo, los registros de los primeros seis meses de 2022, que indican 74 desaparecidos y 17 no localizados, perfilan que este año superará al anterior.
Aunque el RNPDNO es la base de datos oficial para la consulta de cifras sobre personas desaparecidas en el país, en San Luis Potosí es notorio que existe un subregistro respecto a las fichas de búsqueda publicadas por la Fiscalía. En el 2021, las fichas de búsqueda activas reportan a 342 personas desaparecidas o no localizadas en el estado, 248 hombres y 94 mujeres; mientras el Registro Nacional reportó 104 personas desaparecidas o no localizadas en ese mismo año.
En los primeros seis meses de 2022, existen 184 fichas de búsqueda activas en la página de Fiscalía, 143 hombres y 41 mujeres desaparecidas o no localizadas. Es el doble de lo reportado en el Registro Nacional, que indica 91 personas desaparecidas.
De 2020 al 2021, el delito de desaparición aumentó 173 por ciento, según la pesquisa de la Fiscalía. Estos datos preocupan a las familias de Voz y Dignidad por los Nuestros porque no existe una política de prevención y no repetición del delito de desaparición en el estado.
“¿Es mucho pedir que se tomen con seriedad la búsqueda de personas? Las comisiones de búsqueda en los estados son espacios ganados por las víctimas de todo el país. Por favor, entiendan que no es un puesto para improvisar, ni de colocación de empleos para profesionistas removidos de otras instancias”, dice Edith.
Vidas incompletas por la desaparición
Edith Pérez comenta que desde septiembre de 2021 hasta la fecha, se han integrado 70 familias al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, que buscan a uno o varios seres queridos desaparecidos. En Rioverde, por ejemplo, antes de 2021 existían unas 10 familias que buscaban a algún ser querido ausente, “ahorita tenemos más de 40 personas desaparecidas”, dice la activista.
“En Cerritos está tremenda la situación de violencia: balaceras, asesinatos y desapariciones. Yo encuentro a las familias en febrero de este año y hay una gran lista de desaparecidos. Las compañeras están muy preocupadas porque cada vez que hay balaceras, se llevan a más personas. El 10 de mayo se llevaron a siete personas”, relata Pérez Rodríguez.
Ana María busca a su hijo Luis Guadalupe Pesina Saldaña, un joven alto y de complexión delgada, que tiene 22 años y desapareció el 5 de noviembre de 2021, en Cerritos. Ese día, le llegó un mensaje de un amigo de su hijo, en el que relató que los estaban persiguiendo y, de un momento a otro, dejó de ver a Luis.
Ella puso la denuncia y el ministerio público prometió que pronto encontraría a su hijo, pero no investigó la desaparición. Ana María, desesperada, comenzó a buscarlo con sus propios medios. Así se enteró que detuvieron a la persona que iba con su hijo, dos veces, en diciembre y en enero. Se comunicó repetidamente con el agente para pedirle que le preguntara al detenido el paradero de Luis. Pero el ministerio público le contestó: “Señora, no sé de qué me habla ¿lo detuvieron? Por favor, señora, ya no me marque”, ese funcionario público ya no se encuentra trabajando en Cerritos.
A los 14 días de la desaparición de Luis Pesina, balearon la casa de la familia Vega Amaro y se llevaron a uno de los hijos: Eleuterio, un hombre alto y de complexión robusta, que tiene 53 años.
Lorena, hermana de Eleuterio Vega, tiene una cocina económica a unas cuadras de la presidencia municipal. Ese 19 de noviembre salió por un mandado, cuando iba apenas en la esquina, escuchó una balacera por el rumbo de su casa. Ella corrió hasta que se topó con una camioneta con hombres armados que no la dejó pasar; buscó otras rutas, pero en todas se encontró a camionetas similares con civiles armados. Fue a la comandancia de policía y pidió ayuda.
“En eso escucho un radio donde les dijeron que se vayan, que ya estuvo. Y ellos se fueron”.
Lorena regresó a la casa de su familia, encontró al perro de Eleuterio muerto y la casa cubierta de charcos de sangre. Siguió los rastros, pero no encontró a su hermano.
Por la noche, los mismos policías a los que pidió ayuda, llegaron a la vivienda, supuestamente, a recuperar toda la evidencia para la investigación, pero Lorena encontró varios dientes y huesos en el patio de la casa. Ella habló al ministerio público para avisar del hallazgo, el agente prometió pasar por los restos, pero nunca fue.
“Antes de que se pusiera más feo, nosotras nos salíamos a buscarlos. Pero ya no se puede andar”, dice Ana María. Sin ayuda de la Fiscalía, decenas de familias de desaparecidos salieron a recorrer el municipio.
“Recibíamos llamadas anónimas que nos decían que fuéramos a tal parte, pero luego se empezó a poner más peligroso, cuando andamos por esos lugares empezaban las balaceras”, relata Lorena.
En marzo, las familias cerritenses se integraron al colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros y, hasta entonces, emitieron muchas de las fichas de búsqueda, entre ellas las de Luis y Eleuterio. Ese mismo mes, Edith organizó una reunión con las decenas de familias de desaparecidos y la alcaldesa, María Leticia Vázquez Hernández.
“Entonces la presidenta dice: ‘Ay, yo no sabía que pasaba todo esto en nuestro municipio; no estaba enterada’. Pero ¿cómo no iba a estar enterada, si hay tanta inseguridad”, se pregunta Ana María, ella relata que son frecuentes las balaceras y los asesinatos en el municipio. “Incluso, hay muchas familias que no ponen la denuncia (por la desaparición de algún ser querido) por miedo”, agrega Lorena.
No es posible saber la cantidad exacta de hombres y mujeres que han sido desaparecidos en Cerritos. Las fichas de búsqueda de la Fiscalía nos dicen que, de 2021 a junio de 2022, hay 17 personas, 14 hombres y tres mujeres, desaparecidas o no localizadas.
“Esto es lo peor que te puede pasar como ser humano, como familia, como mamá”, dice Ana María. La madre de Luis Pesina recuerda que una familiar de una persona desaparecida le dio recientemente un consejo: “Llora todo lo que tengas que llorar y, acuérdate, los van a encontrar el día que el gobierno quiera que los encuentren”.
Pero Cerritos es solo un municipio en una región asolada por la violencia. De 2021 a junio de este año, las fichas de búsqueda de Fiscalía nos indican que hay un aumento en el delito de desaparición en Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas, Tamasopo, Tamazunchale, El Naranjo, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Santa María del Río, Villa de Reyes y Matehuala.
La exigencia de verdad y justicia para todos los desaparecidos
“Los cambios del gobierno nos generan una revictimización tremenda porque es imposible continuar las acciones que ya llevamos encaminadas, cuando hay cambio de personal”, comenta Edith.
Además de los continuos cambios y la falta de recursos materiales, humanos y económicos en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, también vemos una falta de sensibilidad en varios de los funcionarios del gabinete estatal que han sostenido discursos revictimizantes que culpan a las víctimas de sus propias desapariciones, violando sus derechos humanos y los de sus familias. Cuando son los gobiernos los que deben de crear las condiciones adecuadas, incluyendo el acceso a la verdad y la justicia, para que el delito de desaparición no exista en el estado.
“Solo les recuerdo que ninguno de nosotros elegimos estar aquí, no pedimos ser víctimas, pero se llevaron a lo que más amamos y los vamos a buscar, y vamos a exigir que la autoridad también los busque”, dice Edith.
El pasado viernes 8 de julio, más de 30 familiares de desaparecidos que integran el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno por la imposición de Leobardo Aguilar Orihuela. Las familias fueron recibidas por el subsecretario de gobierno, Jorge Vega Arroyo, y el subsecretario de derechos humanos, Ángel Santiago Hernández; a quienes preguntaron si la decisión se realizaría sin consultar a las víctimas.
“Nadie está exento de sufrir una desaparición, nadie, ni nosotros de sufrirlo nuevamente. Por eso les pido se pongan en nuestros zapatos, necesitamos personas que sepan y les interese buscar a nuestra familia”, comenta Rosa Laura, en el auditorio del Palacio de Gobierno. Ella busca a su esposo Fidel Barragán, que fue desaparecido el 16 de marzo de 2010, junto a otros 29 hombres que viajaban en un camión marca Pirasol rumbo a la frontera norte.
Pero la decisión ya había sido tomada por el gobernador, no había marcha atrás. El maestro Leobardo Aguilar Orihuela fue presentado a las familias y, entre explicaciones legaloides complicadas de entender, se comprometió a realizar un buen trabajo al frente de la CEBP, “siempre en compañía de las familias”, refirió varias veces.
Entonces, el colectivo exigió que se fijara la fecha para que fuera nombrado comisionado y comenzara a trabajar como se debe. Se firmó un compromiso para que Aguilar Orihuela fuera nombrado el 15 de julio próximo, pero advirtieron: “Si el comisionado renuncia o cambia de puesto, Voz y Dignidad por los Nuestros tomará y manejará la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”.
“También, si no hace bien su trabajo, nosotros manejaremos la Comisión”, agregó Tere, que busca a su hija Perla Guadalupe Padrón Castillo y a su yerno, José Alberto Gallegos Torres, desaparecidos el 14 de junio de 2013 en Rioverde.
“Sin las víctimas no. No es solo un trabajo, hablamos de que necesitamos una persona con compromiso y convicción. Queremos que la búsqueda se haga con gente con experiencia, consultada por las víctimas; que la persona encargada de búsqueda nos mire a los ojos y sea capaz de dar aliento y esperanza, no incertidumbre”, dice Edith, como representante de las familias que integran el colectivo.
