Abelardo Medellín
Ya son casi 11 meses desde que el gobernador Juan Manuel Carreras pidió a su equipo considerar reestructurar la deuda de San Luis Potosí para dar solvencia económica a la entidad y con ello combatir los estragos financieros y administrativos provocados por la pandemia de Coronavirus.
Luego de meses de aprobar, rechazar, subir y bajar la solicitud de reestructuración dentro del Congreso Local, la iniciativa pareciera no mostrar avances y seguir detenida por motivos políticos al interior de las comisiones.
POSIBLES AVANCES EN ESTE MES
La iniciativa que contempla una reestructuración de la deuda pública sigue parada al interior de las comisiones de Gobernación y Hacienda en el Congreso del Estado, sin embargo podría tener avances a mediados de marzo, auguró en entrevista el legislador y presidente de la bancada priista en el congreso local, Héctor Mauricio Ramírez Konishi.
Según el diputado, el tema de la reestructuración de la deuda fue tratada por última vez en comisiones en febrero pasado, sin embargo “se trató en el momento en que cambió el semáforo y tuvimos una situación de varios contagios al interior del Congreso y cambiamos la modalidad de las sesiones, pero como es un tema delicado y que merecía una discusión en tribuna, pues se decidió retirarlo”.
A pesar de que ya han pasado más de seis meses desde que se solicitó la reestructuración al Congreso del Estado, Ramírez Konishi aseguró que la petición “es la misma para que el gobierno pase de un periodo de pago de deuda de 15 años a 18 años, es una deuda que ya existe y pues solo se estaría estirando para reponer los hoyos que ha dejado la pandemia y también para contenerla”.
El legislador priista sostuvo que a mediados de marzo se espera tener la iniciativa en gaceta para subirse a pleno si la presidenta de la Comisión de Gobernación así lo dispone.
LOS RIESGOS DE LA CAMPAÑA
De acuerdo con Ramírez Konishi, no sólo el alza en los contagios de COVID-19 justificó que se retrasara la votación de esta iniciativa, sino que también se buscaba esperar a que mejorará el panorama político y partidista de cara a las elecciones, porque “no queríamos que se entintara un tema tan importante como la restructuración […] ya se tienen candidatos, las planillas están completas, esto ya da certeza de las formas políticas, ya no debemos esperar más, la pandemia no se ha detenido”.
El diputado comentó que algunos de los riesgos políticos de tratar el tema de la deuda durante el periodo de precampañas son “que se pudiera generar un sesgo, que se politizara el tema, que se utilizara para un golpeteo político y que no es el caso, porque es un tema que ya sabemos hacia dónde va”.
Además, dijo que no se puede asegurar que el retraso en la votación de esta iniciativa logre que no se politice, pero comentó que “simplemente se buscaba un escenario más adecuado, no el idóneo, sería irreal, pero siempre debemos estar conscientes de que estamos en escenarios y tiempos electorales”.
EL CONFLICTO DE INTERÉS
Algo que se ha señalado desde grupos de la sociedad civil es el posible conflicto de interés que podría darse si se vota la reestructuración de la deuda, en vista de que la autoridad ejecutiva que respaldó esta iniciativa fue el secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán, hermano del actual candidato a la gubernatura por la coalición “sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán; ante estas especulaciones, el diputado Ramírez Konishi comentó:
“En las comisiones quedó claro que hubo diputados de partidos que integran la coalición que votaron en contra, así es el parlamento, tiene un dinamismo y una necesidad de organismos […] es un dinamismo político electoral que los nuevos tiempos los traen”.
El legislador priista recordó que los integrantes de la comisión de Hacienda del Estado José Antonio Zapata Meraz y Ricardo Villarreal Loo (presidente de esta comisión esta comisión), ambos panistas, el 24 de junio del año 2020 vertieron comentarios en contra de la reestructuración de la deuda en una reunión de comisión donde al final se rechazó por mayoría dicha solicitud del ejecutivo.
En esta reunión, Ricardo Villareal Loo (quien ahora mismo está ausente del Congreso luego de haber solicitado un permiso) puso en duda la pertinencia de solicitar una extensión del pago de la deuda, en vista de que “no hay certeza de lo que se haría con ese ahorro, no es que vayan a ingresar 500 millones de pesos, pero se van a ahorrar y no hay líneas claras de su aplicación”.
Por su parte, Zapata Meraz hizo un comentario similar contra la reestructuración: “en la reunión con Finanzas nos mostraron una parte de la realidad nada más, nos hablaron de los ingresos, pero no de los egresos y lo recomendable es que cancele proyectos para que tenga suficiencia presupuestal”.
Ramírez Konishi negó que fuera sospechoso que los diputados panistas que votaron en contra de la iniciativa decidieran cambiar de opinión y votar a favor: “no, para nada, yo creo que estarían entendiendo un argumento político, una nueva realidad financiera, un nuevo escenario en el tablero político donde también, quien quiera que gané, le será necesaria la reestructura”.
Para ahondar en el tema de un posible conflicto de intereses entre diputados panistas, la reestructuración de la deuda y la candidatura de Pedroza Gaitán, Astrolabio Diario Digital se entrevistó con Rolando Hervert Lara, coordinador de la bancada panista en el congreso local, quien comentó que estos señalamientos “infundados” respondían más a “una política barata sobre todo porque esto responde a una cuestión de salud y la salud viene desde el año pasado, y el año pasado, quien es candidato hoy, no era candidato”.
“No se aceptó porque se pidió claramente que se viera cuál era el destino de esos recursos, que se formara un fideicomiso para que fuera transparentado y aplicado a las necesidades prioritarias del gobierno […] aunado a que redujeron más de 2 mil millones de pesos el presupuesto federal”.
LA HISTORIA CORTA DE LA DEUDA
La primera vez que se exploró la posibilidad de reestructurar la deuda del estado para mitigar las afectaciones económicas provocadas por la crisis sanitaria de COVID-19 fue durante la reunión que sostuvo el 11 de mayo de 2020 el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, con su gabinete económico; en dicha reunión fue cuando se propuso la estrategia de extender el periodo de pago de deuda para que fuera de 18 años en lugar de 15 y con esto darle una mayor solvencia mensual a la entidad.
La iniciativa fue luego turnada al Congreso del Estado como la idónea, pero fue rechazada en la comisión de Hacienda luego de que los integrantes se reunieran con el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza, y este no pudiera ofrecer una satisfactoria justificación de la reestructura o una explicación de cómo se manejaría el dinero que el estado se ahorraría.
La otra comisión que debía revisar esta iniciativa del Ejecutivo es la de Gobernación, que el 28 de diciembre del año pasado informó que se había aprobado por mayoría; entonces, la presidenta de la comisión, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, informó que se habría aprobado, no sólo la ampliación del plazo de pago, sino también refinanciar los principales créditos constitutivos de deuda hasta el plazo en que éste establece, así como para que se instrumente el mecanismo de pago del financiamiento que celebre, o mediante la adhesión al fideicomiso de administración de participaciones.
Fue el pasado 8 de enero, cuando, luego de que se aprobara en la Comisión de Gobernación, se decidió que la reestructuración de deuda sería votada en periodo extraordinario de sesiones, cuya fecha fue fijada para el pasado 13 de enero; sin embargo, llegado el día de la votación, Vianey Montes Colunga, presidenta de la mesa directiva del Congreso, informó que sería regresada a comisiones para una segunda revisión debido a que el dictamen de la Comisión de Hacienda del Estado era en sentido negativo mientras que el de Gobernación proponía la autorización.
“El hecho de tener dos dictámenes encontrados sobre el mismo tema es motivo para que no haya condiciones de acuerdo y por lo tanto se determinó regresarlo a las comisiones correspondientes para su análisis y más adelante nos informarán la determinación que se tome, por lo que en estos momentos no podemos establecer un diagnóstico sobre lo que pasará”, explicó.
Agregó que “debemos estar convencidos de que realmente sea algo favorable para San Luis Potosí o si solamente se trata de postergar la crisis económica, porque tarde o temprano vamos a tener que pagar lo que se debe”.
