Por Victoriano Martínez
Los intentos de la autoridad municipal por sacar adelante los programas de desarrollo urbano hoy tentarán nuevamente el riesgo de una sanción por violar al menos dos suspensiones de plano en sendos amparos, incluso por extralimitarse al incluir determinaciones sobre territorio del municipio de Mexquitic de Carmona.
A las 11:00 horas de este lunes, el regidor Alfredo Lujambio Cataño citó a los integrantes de la comisión que preside –de Desarrollo, Equipamiento Urbano y Catastro– para revisar los proyectos e identificar “la ruta crítica para la dictaminación final de los programas PROMOT y PRODESP”, según la convocatoria que hizo circular el pasado viernes.
Desde el mismo viernes, comuneros y ejidatarios presentaron incidentes de violación a los amparos por la sesión anunciada para esta mañana.
Entre los incidentes presentados destaca el del Ejido Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz, donde no sólo protegen sus intereses como ejidatarios, sino que los programas del municipio de la capital afectarían territorio de Mexquitic de Carmona y hasta proyectos de la Arquidiósesis.
Se trata de 127 hectáreas que desde 2017 fueron entregadas al Ejido perteneciente al municipio de Mexquitic por el Tribunal Unitario Agrario, tras una disputa de dos décadas con el ejido de Escalerillas, perteneciente a la capital.
A los efectos negativos de los planes de desarrollo urbano contra la preservación de áreas que prestan servicios ecológicos a la ciudad por proyectos de depredación urbana, se suma un aspecto que revela la existencia de intereses tales que hay disposición para rebasar los límites del municipio.
¿Qué hay, además del Santuario del Desierto, en esa franja de 127 hectáreas reconocidas legalmente como parte de Mexquitic, como para que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), ignore una advertencia de que no forma parte de este municipio y pretenda tomar determinaciones sobre esa área?
Primero sorprendió la revelación de que los planes de desarrollo urbano cambian a urbanizables 5 mil 700 hectáreas de áreas con valor ecológico, con los consecuentes daños a grandes superficies de la mancha urbana, pero que favorecen proyectos inmobiliarios de poderosos grupos empresariales, en perjuicio de la posible Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
Luego se ignoró una suspensión de plano que protege a comuneros de San Juan de Guadalupe contra el cambio de uso de suelo en 2 mil 68 hectáreas que incluyen parte de las que se pretenden declarar urbanizables.
El efecto de ignorar la suspensión fue la frustrada mesa de trabajo del pasado 29 de octubre en el IMPLAN, que provocó que Lujambio Cataño asegurara que el retraso en la aprobación de los planes tenía un costo diario de 30 millones de pesos.
Ahora, tras la imposibilidad de la reunión de las tres comisiones que convocaron a este proceso desde marzo del año pasado, una sola comisión, la presidida por Lujambio Cataño, se arriesga a continuar el trámite de aprobación de los planes con las suspensiones y los incidentes de violación presentados por comuneros y ejidatarios.
Con los incidentes de violación a los amparos promovidos como reacción a la convocatoria de Lujambio Cataño se revela el caso del Santuario del Desierto.
Queda claro que no son los intereses superiores de la ciudad los que guían esos actos de autoridad. También queda claro que los intereses tras los programas de desarrollo urbano se revelan cada vez mayores, al grado de invadir territorio de otro municipio.
