Por Antonio González Vázquez
Ante el fracaso del plan de modificación del contrato del programa de alumbrado público entre el ayuntamiento de la capital y la empresa Panavi, Eduardo Martínez Benavente consideró que lo más probable es que el dictamen se quede congelado en lo que resta de la administración de Ricardo Gallardo.
Estimó que el ejemplo de corrupción que ese caso evidenció, es razón más que suficiente para que ese dictamen que se regresó a comisiones en el Congreso, se quede ahí y se deje pasar el tiempo dado que evidenció un caso de enorme corrupción entre empresa, patrocinadores y diputados.
El ex diputado local advirtió que es necesario que la Procuraduría General de Justicia inicie de inmediato una investigación de oficio por el caso de corrupción evidente que se presentó en el poder legislativo.
Cuando se descubrió gracias a la prensa la comunicación del diputado Fernando Chávez que avisaba que estaban ofreciendo más dinero para comprar voluntades, quedo claro lo que todos ya sabíamos en el sentido de que había un manejo de dinero muy grande y que el voto costaba varios millones de pesos.
Martínez Benavente refirió que el rechazo a la propuesta del alcalde Gallardo de modificar el contrato es un fracaso y un descalabro político para el edil.
Pero también pierden todos los que “le metieron lana a panavi y sus satélites que ya se hacían dueños de más de mil 500 millones de pesos ante una inversión que no era ni la tercera parte de lo que iban a recibir”.
Creo que el dictamen se va a congelar y si no sale en seis meses se va a desechar de manera definitiva, “pero además no creo que por el ruido generado y el ejemplo de corrupción que se vio con los diputados insistan en sacarlo adelante”.
El video del diputado Fernando Chávez donde narra que las ofertas para votar a favor del dictamen eran de cantidades que se estaban duplicando, es suficiente para pensar que se va a quedar congelado.
“Si alguien tenía alguna duda del grado de corrupción que hay dentro del Congreso, con lo ocurrido ya no nos cabe ninguna duda que hubo enormes acciones de corrupción; si viviéramos en un país democrático y civilizado inmediatamente se abriría una investigación en contra de los directivos de Panavi y llevarlos a la cárcel”.
Agregó que también se requiere de una aclaración pública de parte del diputado Fernando Chávez sobre el costo del voto y de la compra de voluntades, pero también sería necesario que la Procuraduría inicie de oficio una denuncia penal.
Estimó que el costo del voto por cada diputado debió variar, para los más sencillos de convencer un millón y para los más difíciles hasta tres o cuatro millones de pesos, lo cual no es nuevo pues siempre se ha hablado de sobornos con las legislaturas locales.
El notario público dijo que si la Procuraduría General de Justicia no interviene todo quedará en un acto más de impunidad.
