Por Victoriano Martínez
Desde que fue turnada a las Comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Estado el 11 de marzo de 2019, la iniciativa de Ley de Austeridad tenía dos grandes obstáculos a superar en el Congreso del Estado: (1) fue propuesta por ciudadanos y (2) atenta contra los grandes beneficios de la burocracia, especialmente la más alta, entre las que se encuentran los propios diputados.
Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo, y Aarón Obregón Hernández fueron quienes firmaron la iniciativa de un grupo de jóvenes “cansadas y cansados de la opulencia de la clase política que siempre se ha dado sus lujos a costa del pueblo”. Tras ver que los diputados que juntos iban a hacer historia incumplían su promesa de promoverla, presentaron la iniciativa.
No hubo ninguna otra propuesta en ese sentido, salvó un acuerdo de reducción del sueldo del 10 por ciento a los diputados y un ajuste al salario republicano impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador que contrarrestaron con aumento en apoyo para asesores, a quienes les ordeñaban sus salarios para reponer lo perdido.
Históricamente las iniciativas ciudadanas son sobre las que menos se completa el proceso de desahogo y, cuando esto ocurre, tienen el mayor porcentaje de propuestas desechadas. Esas eran las posibilidades de la propuesta de Ley de Austeridad: terminar en la congeladora o desechada.
La oposición a esa Ley llevó a diputados de la propia coalición que prometió ser austeros, como el diputado Mario Lárraga Delgado, a rechazarla porque los dejaría con un sueldo de 70 mil pesos mensuales que serían suficientes para los gastos de los diputados.
Cuando la actual Legislatura creó una comisión ex profeso para desahogar las iniciativas ciudadanas pendientes de dictamen y la de Ley de Austeridad se programó para ser aprobada el pasado 11 de febrero, parecía que se contaría entre las pocas propuestas con ese carácter que lograrían ser aprobadas. Pero sólo pareció…
Demasiado bueno para ser verdad… ante los diez puntos clave de la iniciativa:
- Disminución del gasto corriente respecto a los salarios, dietas, sueldos y prestaciones.
- Prohibición del pago de atención médica privada.
- Evitar inflar las plantillas laborales del aparato burocrático del Estado.
- Limitar los casos (sólo por necesidad o urgencia) para el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores.
- Restringir el uso de vehículos de propiedad del estado, sólo podrán destinarse a casos cuya necesidad se justifique.
- Limitar el número de viajes oficiales de cada ente público, prohibiendo traslados en servicios de primera clase o equivalente.
- Establecer límites para que no se excedan los costos por servicios básicos.
- Limitar el gasto en propaganda oficial al mínimo.
- Eliminar aguinaldos y bonos para funcionarios de elección popular.
- Se propone que el ahorro se destine a programas de salud y educación
Por supuesto que entonces los diputados no reconocerían lo incómodo que les resultaba atentar de esa manera contra su condición de burocracia privilegiada. Así, se enfrascaron dos horas en una discusión para regresarla a comisiones por errores ortográficos y por no consultar a los integrantes de la LXII legislatura.
Para la sesión de este 19 de agosto, el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Comisión Ex profeso para dictaminar iniciativas Ciudadanas, optó por ahorrarse la exhibición de la oposición de sus compañeros legisladores con malabares argumentales para evitar su aprobación para no dejar en el “desamparo a quienes ocupen cargos de elección popular.
Se trata de la historia más larga que una iniciativa ciudadana recorre para, finalmente, no ser resuelta por los representantes populares. Una historia que continuará con el impulso ciudadano, ahora a través de un juicio de amparo, según lo anunciado por los promoventes.
Una historia sobre la que se cierra este largo capítulo –desde las promesas de campaña de los diputados que harían historia– que podría llevar por título “que se haga la austeridad… en los bueyes de más delante”.
