María Ruiz
Tras la histórica aprobación en el Congreso de San Luis Potosí de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, el enfoque se dirige ahora a las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo y seguro a este derecho en todo el estado.
Este cambio en el Código Penal del Estado marca un antes y un después, pero plantea una serie de desafíos para el sistema de salud pública y privada, que debe implementar nuevos protocolos y adaptaciones para atender la demanda de servicios de interrupción del embarazo.
Arely Torres Miranda, abogada y activista feminista, destacó la importancia de avanzar en estos pasos cruciales para que el derecho al aborto no solo exista en papel, sino que sea accesible en la realidad.
“Las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, deben establecer sus protocolos y lineamientos para garantizar el acceso al servicio”, señaló.
Además, hizo un llamado a trabajar en la capacitación de los equipos de salud para asegurar un trato digno y libre de violencia obstétrica, aspecto clave en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Protocolos de salud y presupuesto específico
Para que el acceso al aborto sea una realidad efectiva, las autoridades de salud tendrán que armonizar sus procedimientos y recursos. Esto implica no solo la capacitación de médicos y personal administrativo, sino también la creación de protocolos claros que aseguren un servicio seguro y sin discriminación para todas las mujeres que lo necesiten.
Torres Miranda enfatizó en que es fundamental establecer un presupuesto específico que respalde estas adaptaciones, asegurando que todas las instancias involucradas cuenten con los recursos suficientes para brindar el servicio de manera accesible y oportuna.
Un enfoque multidisciplinario y equipos capacitados
La abogada también subrayó la necesidad de integrar equipos multidisciplinarios en los hospitales y clínicas que puedan brindar un acompañamiento integral a las mujeres. Desde psicólogos hasta trabajadores sociales y médicos capacitados en derechos sexuales y reproductivos, los centros de salud deben estar preparados para ofrecer una atención humanizada y respetuosa.
Esta atención debe estar libre de juicios o estigmas, con un enfoque que respete la autonomía de las mujeres.
De la aprobación a la ejecución
Este momento histórico para los derechos de las mujeres en San Luis Potosí es también un llamado a las autoridades para asegurar que la legislación se implemente de manera efectiva. Como señaló Torres Miranda, “esto ya no está a consulta, es un derecho que debe garantizarse”.
La atención integral y sin discriminación es ahora una obligación, y se espera que las autoridades de salud estén a la altura de este compromiso para que ninguna mujer enfrente obstáculos en el ejercicio de este derecho.
