Por Victoriano Martínez
Si las campañas electorales se tomaran como un genuino ejercicio político y no como un campo en el que se disputa hacer valer intereses de grupo y hasta personales, no se comprometería el interés común como lo hace la politiquería en que un fallido sistema de partidos ha convertido los mecanismos de acceso al poder.
Entre los exponentes de esa politiquería se acuñó el lugar común, convertido en falso llamado a una cierta racionalidad, de pedir no politizar un determinado asunto como una forma de evadir la responsabilidad de atender situaciones que van desde las que simplemente les resulten incómodas hasta otras de las que pueden derivar sanciones penales.
A la variante con la que se suele intentar descalificar acusaciones concretas a las que se etiqueta como campañas negras, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez sumó este martes el ya no son tiempos, para justificar la no adopción de medidas administrativas aunque sean necesarias.
En ambos casos, pierde el interés común.
Descalificar denuncias de ilícitos al tacharlas de campañas negras busca evadir, y en la gran mayoría de los casos lo logra, la acción de la justicia porque inhibe la integración de las carpetas de investigación y, más temprano que tarde, el expediente queda en el olvido… a menos que haya organizaciones no gubernamentales que insistan, aunque con escasísimas posibilidades de éxito.
No son pocos los candidatos que se han escudado en decirse víctimas de campañas negras para evadir sus responsabilidades, en lugar de responder con la información y las aclaraciones pertinentes, y evitan contribuir a que la instancia procuradora de justicia cumpla con su función.
Al optar por negarle a la sociedad que se aplique la justicia no sólo atentan contra ese derecho, sino que cuando anteponen ese escudo en realidad se auto proclaman como altamente sospechosos de haber cometido los ilícitos de los que los acusan. De no ser así, estarían dispuestos a exponer toda la información involucrada con la certeza de que la justicia necesariamente los exoneraría.
Prácticamente no hay candidato a quien sus oponentes no le puedan exhibir algo que pudiera ser ilegal o cuando menos irregular.
De Octavio Pedroza se mencionaron moches para promover obras desde el Congreso de la Unión; Mónica Rangel enfrenta denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades al frente de los Servicios de Salud, y Ricardo Gallardo Cardona enfrenta un largo historial con revelaciones de investigaciones federales que cada día se acumulan.
Así como mantuvo una permanente campaña de promoción personal, Gallardo Cardona también recurrió permanentemente al escudo de decirse víctima de campañas negras no sólo en periodo electoral, aunque ahora que el proceso está en curso pretende reforzar su escudo con un “me hacen campañas negras porque soy el candidato a vencer”.
Un esfuerzo tal por desviar las cuestiones que enfrenta en el ámbito penal hacia el electoral degradado electorero, que echa mano de los membretes partidistas que lo apoyan y publica un desplegado con las firmas de los integrantes de sus fracciones en el Congreso de la Unión, que hasta el propio Gallardo Cardona aparece como firmante para apoyar a Gallardo Cardona.
Descalificar denuncias con etiquetarlas como campañas negras no sólo abre el camino a la evasión de responsabilidades y la aplicación de la justicia, sino que es el primer paso para que prevalezca una impunidad que redunda en la prolongación de los actos indebidos e impide cualquier lucha contra la corrupción. Eso representan quienes se escudan en tal argumento.
Si con el campañas negras el interés común pierde la oportunidad de que la administración pública se ejerza en su beneficio y no en el de particulares, con el ya no es tiempo se inmoviliza indebidamente la gestión gubernamental, también en perjuicio general.
No importa el tema que se vea afectado, el hecho es que alguna acción, aunque se reconozca como necesaria, mejor no se realiza para no “contaminar” un proceso electorero, que no electoral, y evitar dañar la imagen del “señor gobernador”. Raya en el cinismo la forma en que la politiquería justifica la evasión de responsabilidades en la expresión de la diputada Benavente Rodríguez:
“Con el tema de las campañas electorales andando se puede prestar a perspicacias y lo que menos necesita el señor gobernador es que pretendan que el dinero se pueda destinar a cosas que no sean las necesidades de Gobierno”.
Una justificación para evadir responsabilidades que exhibe una incapacidad para anteponer el interés general justificado con transparencia total, de tal manera que las acciones necesarias queden blindadas de la perspicacia que cualquier politiquero que trate de aprovechar termine por ser quien queda mal.
Pero la transparencia les genera urticaria y por tanto prefieren asumir que no hay mayor necesidad que satisfacer los intereses de los politiqueros que se disputan el erario como botín, que a fin de cuentas para repartírselo, legal o ilegalmente, cuentan con el escudo campañas negras, y para dejar de usarlo en favor del bien común con la justificación ya no es tiempo.
“¡Que viva la politiquería!”
