Maria Ruiz
Aunque ya inició un nuevo trienio sigue sin esclarecerse el destino de los 4 millones de pesos que el Ayuntamiento de San Luis Potosí pagó al ejido Rancho Viejo La Libertad como parte de un contrato de promesa de compraventa por un terreno relacionado con la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero.
El pago, realizado el 22 de septiembre de 2022 a nombre de Juana Cerda Morales, fue el primero de cuatro estipulados en el contrato firmado entre el Ayuntamiento y el ejido. Sin embargo, desde entonces no se ha informado si las cláusulas del acuerdo se cumplieron, si se efectuaron los pagos restantes o si el contrato fue rescindido por el incumplimiento del ejido, como lo permite la cláusula décima del documento.
En su momento, la síndico segunda Isabel Lemoine Loredo, encargada del caso, fue cuestionada sobre el estado del proceso, pero no proporcionó información concreta. De manera similar, Víctor Salgado Delgadillo, entonces síndico, afirmó no tener certeza sobre el avance o cumplimiento del contrato.
Ambos funcionarios, responsables de la vigilancia y administración correcta de los recursos públicos, evitaron aclarar el destino del dinero y el estatus del terreno.
El acuerdo estipulaba un pago total de 12 millones de pesos divididos en cuatro partes, condicionado al cumplimiento de varias acciones por parte del ejido como cambiar el uso de suelo del terreno y registrar la venta en el Registro Agrario Nacional.
El incumplimiento de estos términos debía penalizarse con una multa diaria de 50 mil pesos a partir del 31 de diciembre de 2022. Para junio de 2023, según los términos del contrato, las penalizaciones ya habrían cubierto el monto total pactado, dejando al Ayuntamiento sin la obligación de realizar más pagos.
Además, el contrato contemplaba la devolución de los 4 millones de pesos iniciales en caso de incumplimiento, pero no se ha informado si el Gobierno Municipal ha tomado acciones legales para recuperar ese dinero.
El pago al ejido fue aprobado en Cabildo el 31 de agosto de 2022 como una medida para reparar el supuesto daño causado por la construcción del puente en tierras ejidales durante la administración de Xavier Nava Palacios.
Sin embargo, en ese momento, el litigio entre Rancho Viejo La libertad y las autoridades municipales aún estaba en curso y no se había acreditado plenamente la propiedad de las tierras reclamadas por los ejidatarios.
El conflicto legal se originó en 2020, cuando el ejido promovió un amparo por la invasión de sus tierras. Aunque la obra continuó, el caso derivó en sanciones para Nava Palacios y algunos regidores. Finalmente, el litigio fue sobreseído tras la firma del contrato de compraventa, lo que dejó en el aire la situación del terreno y los recursos públicos involucrados.
Sin embargo, aun con el inicio de un nuevo trienio encabezado por el mismo alcalde, Enrique Galindo Ceballos, persiste la falta de claridad sobre el estado de los pagos y el cumplimiento del contrato sigue siendo un tema pendiente.
