Acapulco, Guerrero (27 de abril).- Al menos seis vehículos repartidores fueron incendiados durante el fin de semana frente a las escalinatas del congreso local en Chilpancingo, capital del estado guerrerense. El acto fue cometido por maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y miembros del Movimientos Popular Guerrerense (MPG) que marcharon a siete meses de la desaparición de los 43 normalistas.
Los hechos ocurrieron a las 14 horas, luego de una marcha que recorrió las principales calles de Chilpancingo, en cuya vanguardia iban hombres con el rostro cubierto.
Mientras tanto, en el Distrito Federal, padres de los estudiantes desaparecidos y activistas hicieron un mitin y montaron un monumento para recordar a los jóvenes. Al llegar al congreso, tomaron vehículos repartidores de empresas como Lala, Bimbo y Marinela, los colocaron frente a la entrada del edificio y les arrojaron bombas molotov. Como consecuencia, alrededor de 1000 policías federales y estatales acudieron al lugar con equipo antimotines y lanzaron gas lacrimógeno, a lo que los manifestantes respondieron arrojando palos y tubos. No se reportaron personas heridas ni detenidos.
Por otra parte, en el Distrito Federal, padres de algunos de los normalistas acompañados de activistas, realizaron un mitín en Paseo de la Reforma, en el centro de la capital, y colocaron un monumento para recordar a los jóvenes; éste está integrado por tres piezas de color rojo que forman la frase “+43”, ubicado frente a la estatua del Caballito.
Durante el acto, insistieron en la exigencia de que las autoridades mexicanas mantengan la búsqueda de los estudiantes.
“No perdamos la dirección. Que no nos hagan creer que fue la delincuencia quien se llevó a los estudiantes. Los operadores fueron la policía municipal el Ejército y otros cuerpos represivos. Ratificamos que el culpable es el Estado”, dijo Melitón Ortega, padre de uno de los muchachos.
Mientras tanto, en Nueva York, un grupo de familiares y simpatizantes, se manifestó frente a la sede de Naciones Unidas para exigir justicia en el caso.
Las autoridades federales consideran que los jóvenes fueron asesinados por un grupo delictivo. Sin embargo, las familias rechazan esa versión y culpan a militares de haber participado, lo que niega el gobierno.
Fuente: CNN México.
