Por: Eduardo Delgado.
“Mi papá y yo queremos que se le haga justicia a mi hermano… que Carlos Alejandro Ponce Rodríguez pague lo que hizo: le produjo la muerte a mi hermano. No queremos dinero… no necesitamos ni un centavo”, aseveró Oscar Martínez Pérez, familiar de Sergio, taxista que murió en noviembre de 2012, tras un accidente vehicular causado por el Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“El daño fue reparado pero no se ha hecho justicia”, añadió. Ponce Rodríguez “debe asumir su responsabilidad como servidor público, sobre todo porque está en el órgano responsable de vigilar la impartición de justicia”, abundó.
Han trascurrido más de tres años nueve meses desde el accidente provocado por el entonces funcionario del Consejo de la Judicatura, cuando conducía su automóvil, un Malibu, sobre el boulevard del Río Santiago y a la altura de puente Carlo Magno, en el carril por el que se desplaza el tráfico vehicular de poniente a oriente, chocó contra el taxi descompuesto de Sergio, quien fue embestido por su propia unidad mientras la revisaba.
Alentado por Ramón Díaz, vecino y amigo desde la infancia de la familia, y con la colaboración de sus abogados, Mayra Alicia Figueroa Gallegos y Antonio Pérez Soldevilla, Oscar mantiene abierto el caso.
Ramón Díaz, presente en la entrevista con Oscar, recordó que los agentes de tránsito asentaron en el acta que Sergio fue atropellado, “no el accidente entre dos autos”, condenó.
Tras la demanda se investigó y “se confirmó que había sido otro vehículo, hallado luego en un taller de hojalatería y pintura”. Ello gracias a que un familiar de la dueña de la concesión -María Guadalupe Leyva Gutiérrez, tía de Marina Nathaly Torres Leyva, esposa de Sergio-, les entregó partes de la parrilla y de la salpicadera que se le desprendieron al coche de Ponce Rodríguez.
Hace tiempo “logramos que se girará la orden de aprehensión contra Carlos Alejandro pero este consiguió que el Juzgado Octavo del Ramo Penal la revocara, porque argumentó que la viuda otorgó el perdón, explicó.
Asimismo, la jueza, Lesbia Martínez Guzmán, adujo que Oscar no tenía derecho a reclamar justicia, pasando por alto que por ley el homicidio culposo se sigue de oficio y que el denunciante no necesita ser familiar de la víctima.
Oscar y Ramón coincidieron en que “nadie sale a la calle con la intención de matar a otra persona, pero como servidor público, Carlos Alejandro se debe hacer responsable, sobre todo porque está en un órgano responsable de impartir justicia”.
Dada las dificultades que han enfrentado en demanda de justicia se han preguntado: “¿En manos de quien está la justicia?…, ¿De una persona que no asume la responsabilidad de sus actos?”.
“El caso está en espera de la resolución de un amparo que interpusimos en demanda de la anulación de la negativa del juzgado a liberar la orden de captura”, reportó Oscar.
- ¿Creen que habido tráfico de influencias?
- Por la figura que es Carlos Alejandro yo digo que hay burocracia y no se vale-, juzgó Oscar.
- Más bien tráfico de influencias, por el puesto que tiene como servidor público y por el papá, que es Merced Ponce-, secundó Ramón Blanco.
- ¿Han recibido presiones o les han ofrecido dinero para que se desistan?
- No, pero lo que mi papá y yo queremos es que Carlos Alejandro pague lo que hizo.
- ¿Sólo quedaría señalado como responsable de homicidio culposo?
- Aunque no vaya a la cárcel pero que se le destituya del cargo-, planteó el familiar de la víctima.
- ¿En su tiempo trataron de hacer público esto en los medios de comunicación?
- Sí, pero no lo publicaron y creo que fue por la figura que es el papá-, justificó Oscar.
- Lo intentamos y no hubo respuesta. A una reportera, amiga nuestra, le avisaron que no se podía publicar ese asunto-, recordó Ramón.
- ¿Cuál creen que sería la postura de Ponce Rodríguez si él fuese el agraviado?
- Aplicarían la justicia con todo el peso de la ley, buscarían al responsable, lo meterían a la cárcel y no le otorgarían el perdón. Desgraciadamente en este caso, la familia de la viuda, se le concedió, pero no sabemos por qué. Si hubo miedo o amenazas, lo que no nos consta, pero es de risa lo que se les otorgó como reparación del daño…
- Esto va para cuatro años… ¿hasta donde están dispuestos a seguir?
- Hasta las últimas consecuencias. Mi hermano es estadounidense y pienso ir a Washington en demanda de justicia-, anticipó Oscar.
- ¿Recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
- Sí, pero solo nos dieron largas y también nos dijeron que estaba difícil, por la gente con la tenemos como contraparte… nos dijo la licenciada Minerva Díaz Alonso-, refirió el amigo.
La finalidad de ambos, coincidieron, es que al ahora Consejero de la Judicatura se le fiche “como a cualquier ciudadano; no pedimos dinero, pues él y su papá dicen que eso es lo queremos y nosotros no necesitamos ni un centavo”, enfatizó Ramón.
“Que se le fiche y punto, y si las autoridades, que están más arriba de él, consideran que es apto para seguir en su cargo adelante”, añadió Oscar. “Pero que pise la cárcel uno o dos días… pues atropelló y mató a una persona”.
- ¿Ahora que se ha hecho pública su denuncia temen represalias y si las hubiera, a quién responsabilizan?
- A la familia de Carlos Alejandro, pues nosotros no tenemos enemigos; somos comerciantes, gente de bien y no tenemos conflictos con ninguna persona-, garantizó Ramón Díaz.
