Por Victoriano Martínez
Desde que la publicación masiva de los resultados de encuestas se volvió un instrumento más para la politiquería, los muestreos de opinión dejaron de ser la instantánea sobre el ánimo de la población en un momento específico para convertirse en una más de esas fotografías retocadas para alterar la realidad a modo de favorecer a engañosos políticos producto de la propaganda.
Una de esas tantas perversiones de la mercadotecnia política que, desde hace varios procesos electorales, cubrió de dudas los resultados presentados por diversas encuestadoras, al grado de identificar a algunas de esas empresas con determinadas filiaciones partidistas.
Tal encuestadora presentará resultados favorables para tal candidato o tal partido. Aquella otra para el otro candidato o el otro partido.
Incluso se reconoce que uno de los efectos buscados es que ver como puntero a un candidato pueda influir en el ánimo de los electores indecisos y, de ser posible, hasta cambiar la intención de voto de otros.
Cuando la inercia de ya no sólo retocar las imágenes fotográficas para verse bien, sino también las encuestas para proyectar aceptación popular, se mantiene en quien alcanza un cargo público, el cumplimiento de la función gubernamental pasa a un segundo término para someterse a una variante de la “tiranía del like”.
Tras haber ganado la elección de 2021, cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona conoció los resultados de la primera evaluación de Consulta Mitofsky, el 12 de noviembre de 2021, en la que aparecía en el último lugar con una aprobación del 31.8 por ciento y un rechazo del 59.9 por ciento, se apresuró a descalificar a la encuestadora.
“La realidad es otra, ellos están tratando de buscar su lana y es correcto y se vale, el gobierno pasado les daba dinero y yo todavía no pienso darles”, respondió a una pregunta de Omar Niño.
Por lo visto, muy pronto cambió de opinión, dejó de pensar en no darles y para el mes de enero su aprobación había crecido a un 46.5 por ciento, su posición en el ranking pasó del lugar 32 al 23… y a partir de ahí, según Consulta Mitofsky, su aprobación se mantuvo en aumento permanente hasta colocarse en el tercer lugar en diciembre pasado.
Encuestadoras ha habido que lo colocan en el primer lugar, y todos esos estudios demoscópicos favorables suelen ser promocionados o en las redes sociales de Gallardo Cardona y hasta del gobierno estatal, o en páginas de internet que publican sus gacetillas propagandísticas.
Sea porque a Gallardo Cardona no le alcanza para darles “su lana” a otras encuestadoras, o porque éstas reciben más “lana” de otros gobernadores, o porque sus estudios se realizan con más responsabilidad y apego a metodologías serias, resulta –por inverosímil que parezca– que sí hay encuestas en las que el gobernador potosino no ocupa los primeros lugares.
Tal es el caso de CE Research SA de CV, que publica mensualmente un Rankings de Gobernadores en el que, durante 2022, Gallardo Cardona aparece con altibajos en sus niveles de aprobación, pero con una tendencia decreciente que lo mantiene en el último tercio entre los peor evaluados.
En este mes de enero, por ejemplo, la aprobación por temas arrojó los siguientes resultados: desempeño, 40 por ciento y posición 24; popularidad, 37 por ciento, lugar 26; salud, 18 por ciento, lugar 25; finanzas, 36 por ciento, lugar 29; combate a la pobreza, 66 por ciento, lugar 20; empleo, 57 por ciento, lugar 13; seguridad, 20 por ciento, lugar 24, y capacidad, 45 por ciento, lugar 13.
El ranking general de CE Research SA de CV, durante los 12 meses del año pasado. contrasta con el presentado por Consulta Mitofsky. Aunque no es lo opuesto (desaprobación al alza de manera constante), las variaciones con caídas y recuperaciones, a la larga mantienen una tendencia a la baja.
Lo declarado por Gallardo Cardona tras el primer resultado de Consulta Mitofsky pone en duda su creciente aprobación en las encuestas de esa empresa.
El contraste con los resultados de CE Research confirma que se debe dudar de cualquier encuesta si no se acompaña de una total transparencia sobre sus metodologías y patrocinios, tanto por parte de las encuestadoras como del gobierno estatal, que incumple con la Ley al no publicar esos pagos en la Plataforma Estatal de Transparencia.
En tanto dudosos los resultados –quizá más de unas empresas que de otras–, el efecto es que las encuestas han sido denigradas y degradadas a instrumentos de propaganda que alteran la realidad con reprobables fines politiqueros.
