Por Victoriano Martínez
Durante los últimos tres años eran pocos quienes dudaban que atrás de los programas sociales de Ricardo Gallardo Juárez al frente de la alcaldía tenían fines de promoción personalizada y electorero.
Primero el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y después el Tribunal Electoral Federal, lo acreditaron y emitieron resoluciones que confirmaron esa violación a la Constitución.
Entre los expedientes que debieron dejar en la Contraloría Interna del Ayuntamiento seguramente se encuentra la resolución que les turnaron para sancionar esa falta y que, por razones obvias, durante la administración pasada no se aplicaron.
Es uno de tantos asuntos en los que el actual Ayuntamiento, tarde o temprano, tendrá que dar noticia sobre el seguimiento que se le dio al caso.
Pero si pocos dudaban de los fines clientelares de los programas sociales, también hay que recordar que otros muchos no dudaban que atrás de esos elevados gastos en despensas, útiles escolares, garrafones de agua y tortillas se ocultaban otro tipo de desvíos.
Se llegaron a detectar casos aislados de sobreprecios en los equipos de las purificadoras, pero era tal el ocultamiento de la información que, a pesar de haber solicitudes de información de por medio, ni se revelaban costos ni contratos con los locales en los que se encontraban instaladas.
Por ello no sorprende que hoy se revele que Gallardo Juárez pagó 255 mil pesos por equipos que tenían un costo real de 149 mil pesos.
Un sobreprecio de más del 70 por ciento. La confirmación de algunas notas periodísticas publicadas en algunos medios como La Jornada San Luis y Astrolabio Diario Digital.
Lo que realmente es para sorprender son los alcances de los métodos para rapiñar del erario.
Ver ahora a Marco Antonio Aranda Martínez, quien por 806 días fue el segundo de abordo en la Secretaría General del Ayuntamiento desde donde se refería al ex alcalde como Don Ricardo, denunciar que le falsificaron su firma en los contratos de las purificadoras resulta revelador.
Se trataba de sacar ventaja del erario de cualquier forma posible y pasando por encima de quien fuera necesario, así se tratara de gente del propio equipo, por muy cercana que estuviera al primer círculo, y aunque dieran la cara por justificar sus acciones.
El caso de Aranda Martínez no puede considerarse como un hecho aislado.
Si lo hicieron con un funcionario de ese nivel, el resto de los funcionarios –y de la burocracia municipal en general– ya pueden comenzar a preocuparse por la posibilidad de que les hayan hecho lo mismo, o alguna otra maniobra que podría saltar en cualquier momento.
Fueron mil 843 observaciones las que reportó el resultado final del proceso de entrega-recepción y el de las purificadoras es apenas una pequeña parte de la que surgen situaciones como la que denuncia Aranda Martínez.
¿Cuántas sorpresas más habrá en el resto de las observaciones?
Seguramente podrán surgir más sorpresas, que vendrán a confirmar las sospechas que alguna influencia tuvieron en el resultado electoral que le impidió la reelección a Gallardo Juárez.
Pero hacer pública esa confirmación no resulta suficiente para que los actos de corrupción no queden impunes.
Ya van 103 de los mil 95 días que dura el trienio del Ayuntamiento. Ya es tiempo de que comiencen a verse denuncias contundentes que apunten a sanciones reales.
Sobre todo cuando desde el Ejecutivo estatal se ve que premia a un ex alcalde impune con un cargo en el Conalep.
