Abelardo Medellín
Por la posibilidad de que estén incompletos los documentos para el análisis de la ratificación del magistrado Juan Paulo Almazán Cué que mandó el Ejecutivo de San Luis Potosí al Congreso local, trabajadores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) mandaron una carta al presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, Martín Juárez Córdova, para que confirme si el expediente está debidamente integrado.
En la carta que suscriben trabajadores como Adriana Monter Guerrero, Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruíz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras, describieron cómo el 3 de julio del 2020 mandaron un escrito al gobernador Juan Manuel Carreras López donde exponían las razones y sustentos por los cuales el ex presidente del STJE no debe ser ratificado.
En esta carta enviada al diputado Martín Juárez, especificaron que en el documento enviado al Ejecutivo en julio pasado se informaba al gobernador (con copia para el Legislativo), que el magistrado Juan Paulo Almazán no debía ser ratificado, ya que carece de “capacidad, probidad, profesionalismo y eficiencia para desempeñarse en dicho cargo”.
La opinión de los firmantes respecto a la no ratificación del Almazán Cué también está sustentada en hechos evidenciados al interior del documento que piden sea turnado a los diputados de las comisiones de Justicia y Gobernación, donde se exponen los juicios políticos contra el magistrado y las resoluciones de tribunales federales, que demuestran el actuar inconstitucional, ilegal y arbitrario, además de fotografías que probarían el tráfico de influencias y el uso indebido de recursos públicos de parte del magistrado.
El grupo de trabajadores del Poder Judicial mencionó en su escrito que, de no tener el documento mandado por ellos el 3 de julio, el Congreso del Estado debería pedirlo al gobernador Juan Manuel Carreras, pues dicha opinión y fundamentos contra la ratificación de Almazán Cué devienen “de la convocatoria que el propio Poder Ejecutivo emitió a través del Periódico Oficial del Estado”, donde se invitó a todas las personas que tuvieran interés a que expusieran sus observaciones respecto a los proceso de ratificación.
En el documento entregado al diputado Juárez Córdova el pasado 26 de agosto se menciona también que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procesos para otorgar nombramientos deben no sólo garantizar la “escogencia según los méritos”, sino también asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso al Poder Judicial de un estado; consideración que violaría el Congreso del Estado si oculta o evita que se pronuncie la opinión fundada de dichos trabajadores.
En el texto se agregó que ignorar la opinión de los trabajadores del Poder Judicial “ocasionaría que esta legislatura actuara de forma parcial e incompleta con respecto al análisis jurídico que debe de emitir respecto al desempeño del citado funcionario”, lo que terminaría en nombramientos “lógicamente incorrectos y tendenciosos”.
Finalmente, los opositores a la ratificación de Almazán Cué señalaron que, de votar a favor de que el magistrado siga en su puesto, esto no respondería a su mérito profesional, de acuerdo a lo que se ha evidenciado, sino a un nombramiento “discrecional” que contravendría a la Convención Americana de Derechos Humanos.
