Eduardo Delgado
Este martes fue ratificada y ampliada la demanda de juicio político interpuesta contra el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Paulo Almazán Cue, e integrantes del Consejo de la Judicatura.
La magistrada Adriana Monter Guerrero, acompañada del juez Emilio Agustín Ortiz Monroy, acudió la tarde de ayer a las oficinas de la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado.
Además de ratificar la demanda, aportó una prueba adicional derivada de una reciente declaración pública hecha por Almazán Cue, en la que mintió al informar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró improcedente la queja interpuesta por la magistrada en su contra.
Por ende, en entrevista, Adriana Monter expuso que con la nueva prueba “sigo denunciado la colusión entre Juan Paulo Almazán y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa”.
El presidente del Poder Judicial del Estado, aseveró, declaró mentiras y para confirmarlo pidió incluir en la demanda el documento emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para requerirle al ombudsman potosino “por haber sido omiso en enviar el informe y las constancias que por ley está obligado a remitir junto con el recurso de impugnación que se presentó”.
La prueba adicional, precisó, “le abona a demostrar quién es Juan Pablo Almazán y lo falso que se conduce para conseguir sus intereses perversos y mezquinos”.
El pasado 18 de septiembre, la magistrada, un grupo de jueces y abogados, presentaron su demanda de juicio político ante el Congreso del Estado, en la que acusan a Juan Paulo Almazán Cue de ejercicio indebido de funciones, abuso de poder y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Este martes fue ratificada y ampliada por Adriana Monter en representación por los jueces Emilio Agustín Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández y Javier Pérez Contreras.
