Por Victoriano Martínez
A cuatro años del desalojo violento de vecinos de la comunidad de Noria de San José por la empresa American Industries el 14 y el 23 de junio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos reabrió la recomendación 07/2018 para revisar la intervención de funcionarios de la Secretaría General de Gobierno en los hechos y el Plan de Reparación Integral del Daño.
Desde abril de 2018, los afectados impugnaron la recomendación de la CEDH por considerar que fue “omisa en señalar importantes violaciones a derechos humanos”.
Griselda Haro Dávila, una de las afectadas, consideró que se demuestra que el gobierno de Juan Manuel Carreras López ha fracasado en garantizar los derechos humanos y en la impartición de justicia porque el fiscal Federico Garza Herrera no sólo retrasa la justicia, sino que encubre a los funcionarios involucrados.
Mencionó que el fiscal no sólo ha determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios involucrados, sino que aplica una justicia selectiva al agilizar los trámites de denuncias presentadas por la empresa American Industries que criminalizan a las víctimas y las que judicializa sin tardanza en perjuicio de los afectados.
Haro Dávila señaló que en el caso la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas se ha dedicado a servir únicamente a los intereses del Gobierno del Estado al negarles, sin fundamento ni motivo, la reparación del daño y, en su lugar, litigar en su contra.
“No debemos olvidar el director jurídico de la CEEAV, Julio César García Meléndez, haciéndose pasar por actuario y siendo representante de la inmobiliaria, participó de estos hechos, y después de tres años fue inhabilitado, pero tampoco esto nos permitió acceder a la justicia”, expresó.
Estimó que esas fueron las razones que obligaron a la CEDH a reabrir la recomendación emitida desde el 28 de marzo de 2018, entre cuyos pendientes está especificar el consentimiento del Gobierno del Estado para el desalojo ilegal y violento que realizó American Industries en Noria de San José en junio de 2016.
Haro Dávila mencionó que existen tres recomendaciones de la CEDH sobre el desalojo y dos más pendientes de resolución ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dijo que aunque siguieron la recomendación de Carreras López de presentar denuncias en contra de los funcionarios involucrados ante la Contraloría General de Gobierno del Estado, sólo les ha representado un mayor desgaste sin que la autoridad intervenga.
“Finalmente pueden pasar años y no tendremos justicia porque, aunque es un episodio vergonzoso para Juan Manuel Carreras, demuestra que la justicia es para quien pueda pagar por ella”, acusó.
El acuerdo de reapertura de la recomendación 07/2018 establece como primer punto que se realizará un “análisis exhaustivo y documentación sobre la participación del asesor de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Horacio Lobo Ramírez, derivado de los hechos suscitados los días 14 y 23 de junio de 2016”.
En su segundo punto se refiere a una revisión del Plan de Reparación del daño que contemple la intervención de funcionarios estatales que favorecieron la violación a derechos humanos “por acción, omisión y aquiescencia”.
“Para que la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, al momento de resolver sobre la Reparación del Daño incluya en su Plan de Reparación Integral, medidas que procedan al respecto para lograr la efectiva restitución del menoscabo de los afectados en sus derechos y la reparación integral del daño”, señala el segundo punto de reapertura de la recomendación 07/2018.
http://www.astrolabio.com.mx/wp-content/uploads/2018/03/RECOMENDACI%C3%93N-07-18.pdf
