Fue multado con más de 10 mil pesos; antes le había impuesto sanciones por más de 65 mil
Eduardo Delgado
En cumplimiento a la resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal Electoral del Estado (TEE) reafirmó este miércoles que el notario y candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de la capital, Leonel Serrato Sánchez, cometió violencia política en razón de género y por ende fue multado, por un monto superior a los 10 mil pesos, pero cantidad inferior a los más de 65 mil que debía cubrir según la sentencia inicial.
Las magistradas Dennise Adriana Porras Guerrero, Yolanda Pedroza Reyes y el magistrado Rigoberto Garza de Lira, analizaron por separado las expresiones que hizo Leonel Serrato en abril de 2017, cuando dijo que a la entonces diputada priista María Rebeca Terán Guevara la “vagina no le da inteligencia”, y las que vertió en diciembre de 2020, cuando se disculpó pero aclaró que no por ello le dejaría de decir “ratera” ni “ladrona”.
Por lo declarado hace más de cuatro años lo multaron con la cantidad de mil 462.80 pesos, equivalente a 20 Unidades de Medida de Actualización vigentes en 2017, mientras que por sus “disculpas” 8 mil 688 pesos, es decir 100 Unidades de Medida de Actualización, vigentes el año anterior.
En la resolución del expediente TESLP/PSE/05/2021, las y el integrantes del pleno dieron por acreditada la violencia política en razón de género, cometida por Leonel Serrato en perjuicio de la priista.
Magistradas y el magistrado del Tribunal local, emitieron esta nueva sentencia acorde a lo ordenado por la Sala Regional del TEPJF con sede en la ciudad de Monterrey, en la resolución aprobada el pasado sábado respecto del expediente SR-JE-143/2021.
Ello, derivado de la impugnación interpuesta por Leonel Serrato en desacuerdo con las sanciones que el órgano jurisdiccional local le impuso, consistentes en multa por más de 22 mil pesos y el pago de 43 mil 333 pesos a la víctima por concepto de indemnización.
Además de obligarlo a someterse a terapia psicológica y la instrucción dada al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que el organismo verificase si la sanción le conllevaba la cancelación de su registro como candidato, al perder el requisito de modo honesto de vivir.
