María Ruiz
San Luis Potosí enfrenta un nuevo conflicto educativo tras el anuncio de un mandato presidencial que, con el apoyo del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), pretende cerrar las instalaciones de la Escuela Primaria Tipo 21 de Agosto y la Escuela Secundaria Técnica Número 1 (ETI).
Este cierre tiene como objetivo ceder el espacio a la Universidad Rosario Castellanos, un proyecto que, aunque promueve la educación superior, pone en riesgo la formación de más de 900 estudiantes de nivel básico y afecta al personal docente de ambas instituciones.
La medida ha generado preocupación entre padres y madres de familia, quienes han iniciado una campaña en la plataforma Change.org para impedir el cierre. Hasta este 23 de agosto, la petición ha recolectado casi 3 mil 130 firmas y cuenta con el respaldo de la comunidad escolar.
Educación de calidad en riesgo
La Escuela Primaria 21 de Agosto es reconocida por su alta calidad educativa y su enfoque integral en la formación de los estudiantes. Con talleres como música, coro, ajedrez, básquetbol, inglés y educación especial, la institución se ha destacado entre las pocas escuelas públicas que ofrecen una educación integral y de excelencia en el estado.
“Mi hija está en tercer año, es una de las mejores de su clase y ama su escuela. Aquí recibe una educación que no encontraríamos en ninguna otra escuela cercana de igual calidad”, señala una madre que impulsa la petición.
Actualmente, cada grado en la primaria cuenta con tres grupos de entre 35 y 45 alumnos, lo que demuestra la demanda y el éxito del modelo educativo que se ofrece.
Alternativas ignoradas
Los padres de familia señalan que en San Luis Potosí existen terrenos disponibles para construir la Universidad Rosario Castellanos sin necesidad de afectar a instituciones educativas ya consolidadas.
“No estoy en contra de la ampliación educativa, pero no debe ser a costa del futuro de nuestros hijos”, enfatizan en la petición.
El cierre de estas escuelas significaría no solo la reubicación forzada de las y los alumnos, sino también la disolución de una comunidad escolar que se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y crecimiento.
La movilización de las madres y padres de familia busca hacer un llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades educativas para reconsiderar la decisión.
“Exigimos que se priorice la búsqueda de alternativas que no comprometan la educación básica, la cual consideramos la base para un desarrollo integral de los niños y niñas. Por el presente y el futuro de nuestros hijos, pedimos detener este mandato. No se puede sacrificar la educación de calidad que actualmente reciben en estas instituciones”.
